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La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó tres días de audiencias públicas sobre el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas en la elaboración de leyes, un proceso marcado por fuertes discrepancias internas y por la polémica propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que busca modificar el criterio que durante años garantizó la invalidez automática de normas aprobadas sin consulta previa.
La propuesta de Batres plantea que la Corte deje de anular leyes de manera automática y comience a revisarlas caso por caso, una postura que provocó tensiones con ministros como Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía, quienes advirtieron que ese cambio reduciría la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La ministra, sin embargo, insistió en que la Corte ya aprobó por mayoría abandonar ese criterio desde inicios de octubre, una decisión que ha generado inquietud entre organizaciones civiles.
Durante la audiencia más extensa, de seis horas y media, los participantes cuestionaron la postura de Batres, al considerar que su proyecto representa un retroceso y debilita el compromiso de México con los tratados internacionales de derechos humanos. Los ministros Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero coincidieron en que la Corte debe encontrar un equilibrio que garantice la participación plena y digna de las personas con discapacidad en los procesos legislativos.
Giovanni Figueroa advirtió que reconocer leyes creadas sin consulta vulnera la esencia del derecho de participación, proponiendo en cambio otorgar un plazo al Congreso para corregir sus omisiones. Por su parte, Esquivel Mossa afirmó que el fallo no debe limitarse a los aspectos técnicos, sino considerar que detrás de cada expediente hay vidas afectadas que reclaman ser escuchadas.
En contraste, Batres defendió su iniciativa argumentando que el enfoque actual ha sido excesivo y que la Corte debe evaluar cada ley bajo sus propios méritos. Según la ministra, entre 2016 y 2024 el Pleno invalidó más de 50 normas —muchas relacionadas con educación, representación política y acceso a justicia— por no incluir consulta previa, lo que, a su juicio, ha generado una interpretación rígida del derecho.
Varios activistas y especialistas rechazaron esa postura. Señalaron que dar por sentado que las leyes favorecen a las personas con discapacidad sin consultarles refuerza un modelo paternalista y excluyente. Organizaciones como el Centro Contra la Discriminación AC recordaron que la ONU ha señalado a México por incumplir con la obligación de garantizar consultas efectivas en todos los niveles de gobierno.
El ministro Aguilar Ortiz anunció que la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad 182/2024 se retomará próximamente, sin una fecha definida. En este ejercicio participaron 89 ponentes de 20 estados, quienes presentaron durante tres días sus argumentos ante el Pleno. La Corte destacó que, tras recibir críticas por su falta de inclusión, implementó medidas de accesibilidad como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, subtitulaje en tiempo real y formatos adaptados, intentando corregir las deficiencias señaladas en el pasado.
La resolución final será crucial para definir si la Suprema Corte mantiene su papel como garante activo de los derechos de las personas con discapacidad o si, bajo el nuevo criterio impulsado por Batres, opta por una interpretación más limitada que podría debilitar su voz en los procesos legislativos del país.
