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Los lugares no autorizados en la región abarcan tanto áreas urbanas como rurales.
En Hidalgo, según los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se registran un total de cuatro mil 179 hogares establecidos en lugares no permitidos, ubicados en terrenos elevados como colinas, pendientes y montañas, donde se detectan riesgos para los residentes.
El informe federal destaca que estos asentamientos irregulares son principalmente visibles en municipios como Pachuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Santiago Tulantepec, siendo esta última localidad la que concentra más de un tercio del total de áreas de ocupación irregular en terrenos elevados.
Según la dependencia federal, estas viviendas irregulares se encuentran en 24 municipios, donde se concentra la mayor cantidad de inmuebles en esta condición, los cuales deben cumplir con los estándares básicos de construcción y medidas de protección civil, las cuales deben ser evaluadas por las autoridades locales.
La entidad federal advierte que estas residencias carecen de servicios públicos esenciales como agua potable, lo que agrava la situación de precariedad y falta de acceso a viviendas dignas, según lo estipulado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El presidente de la comisión de Protección Civil del Congreso local, Rodrigo Castillo Martínez, reconoció que la mayoría de estas viviendas en situación irregular no cumplen con las normativas de protección civil, lo que pone en riesgo a la población en general.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que las autoridades locales de Protección Civil deben priorizar la inspección de estas viviendas para garantizar la seguridad de los residentes, ya que miles de personas viven en este tipo de inmuebles.
El representante del distrito de Huichapan destacó que desde el Congreso local han instado a las autoridades municipales de Protección Civil a mejorar la seguridad de la población y prevenir incidentes, especialmente en áreas propensas a deslizamientos.
Asimismo, subrayó la importancia de mejorar las medidas de protección para las viviendas, y enfatizó que no se deben otorgar permisos irregulares para construir casas en lugares que representen un riesgo para la población.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Planeación y Prospectiva del Congreso local, Citlali Jaramillo Ramírez, instó a las autoridades municipales a tomar medidas específicas para regularizar estas viviendas y prevenir desastres causados por la negligencia de los gobiernos locales, especialmente en áreas de alto riesgo.
La legisladora del Grupo Plural Independiente (GPI) consideró crucial la implementación de reformas a la Ley de Asentamientos Urbanos del estado para priorizar la seguridad de las viviendas y los edificios construidos en áreas irregulares que representan un peligro para la población.
La representante del distrito Pachuca oriente reconoció que la concesión de permisos sin tener en cuenta las medidas de Protección Civil para la construcción de estas viviendas representa un grave problema.
Además, señaló la necesidad de buscar áreas de reubicación en zonas de alto riesgo, ya que las lluvias intensas pueden provocar deslizamientos de tierra que afecten las viviendas.
Subrayó la importancia de la colaboración entre las autoridades municipales y estatales para prevenir desastres mayores, especialmente en centros urbanos como Pachuca, donde persisten áreas que no cumplen con las normativas básicas de urbanización.
El urbanista y especialista en zonas de riesgo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Ramírez Gutiérrez, afirmó que las autoridades municipales y estatales han ignorado las condiciones de los principales municipios con este problema.
El especialista en temas urbanos enfatizó que tanto el gobierno estatal como las autoridades municipales deben implementar programas de reubicación para las personas que viven en estas áreas de riesgo.
Además, advirtió que este problema será heredado por las administraciones municipales futuras, que deberán abordarlo para evitar que empeoren las condiciones de vida de los habitantes.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que en los municipios rurales existe un mayor abandono de las viviendas ubicadas en áreas de alto riesgo como Santiago Tulantepec, Tenango de Doria, Acatlán, Omitlán, Ajacuba y Nopala.
