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“¡Migración!”, grita un vecino desde lo alto de un edificio en un barrio de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana.
Mientras tanto, unos militares vigilan desde un portal y otros se suben a una moto para recorrer la cuadra, tratando de atrapar a quienes intentan escapar por los techos al grito de: “¡Por allá! ¡Por allá!”.
Imágenes como esta, que se han vuelto virales en grupos de WhatsApp y redes sociales, son el pan de cada día desde que el gobierno anunció, el 2 de octubre, un plan “de ejecución inmediata” para “repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana”.
El objetivo es “reducir el exceso de población migrante” que se percibe en las comunidades dominicanas, en su mayoría de origen haitiano, como explicó el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa.
Según cifras oficiales, más de medio millón de haitianos residen actualmente en esta nación de 11,2 millones de habitantes. Antes del anuncio, ya se estaban realizando un número significativo de deportaciones.
Cifras alarmantes.
En 2023, las autoridades dominicanas deportaron a aproximadamente 250.000 inmigrantes haitianos. Solo en el primer semestre de este año, se expulsaron a unos 66.000.
Si se cumple con las metas del nuevo plan, las deportaciones anuales podrían alcanzar medio millón, lo que ha suscitado críticas por parte de las autoridades haitianas y de organismos internacionales.
“Muchos haitianos están escondidos”, dijo a BBC Mundo Denise Pichardo, directora de la ONG Caminante, que apoya a niños inmigrantes en Boca Chica. “Están llevando hasta a quienes tienen pasaporte o permiso de residencia, que muchas veces están vencidos y no pueden renovar”, agregó.
Incertidumbre y miedo.
Un ciudadano haitiano, que prefirió no ser identificado, se quejó: “Me detuvieron mientras caminaba. Ni siquiera pude mostrar mis papeles, y aun así me llevaron. Pasé horas detenido sin razón”.
Ese día, las autoridades realizaron 1.100 detenciones desde la madrugada hasta el mediodía en puntos estratégicos de la capital y otras provincias. En el centro de recepción de migrantes de Haina, se vieron llegar camiones llenos de haitianos arrestados durante operativos masivos.
Familiares aguardaban afuera buscando noticias de sus seres queridos. Elizabeth, quien estaba allí, dijo que su esposo fue detenido sin darle tiempo para mostrar su cédula de identidad. “Lo llevaron como a un animal”, relató.
La condena internacional.
Haití calificó las deportaciones de “escenas brutales” y afirmó que “esta política del gobierno dominicano contraviene las normas internacionales en materia de derechos humanos”. La ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupuy, exigió respeto y justicia en un mensaje en X (anteriormente Twitter).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación. Recordó que el estado debe proteger a quienes buscan asilo y respetar la prohibición de expulsiones colectivas.
Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, resaltó que con tales cifras de detenciones, es imposible garantizar un debido proceso para cada persona.
Ante las críticas, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, defendió las repatriaciones afirmando que se realizan “cumpliendo las normas internacionales” y “respetando la dignidad de las personas”.
Un contexto complejo.
El plan de deportaciones fue anunciado una semana después de que el presidente Abinader señalara que la inestabilidad en Haití genera “una presión significativa” sobre República Dominicana. Puso de ejemplo que en 2023, el 12% de los servicios de salud pública fueron utilizados por inmigrantes haitianos.
Los manifestantes antiinmigración también han tomado las calles, pidiendo “menos palabras y más acción” en la gestión de la migración. Durante una manifestación reciente, se pudieron leer pancartas que afirmaban que “los haitianos te están desplazando de tus empleos”.
Desde que asumió el poder en 2020, Abinader ha endurecido la política migratoria, aumentando las redadas y deportaciones y prometiendo extender un muro entre ambos países. A pesar de las críticas internacionales y los llamados de la ONU a cesar deportaciones debido a la violencia en Haití, el gobierno dominicano sostiene que el nuevo plan responde a la “lentitud” de la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Haití, que es vista como la causa principal de la migración.
