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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha decretado la expropiación de 30,727.79 metros cuadrados en el estado de Yucatán, alegando causa de utilidad pública. Estas tierras serán utilizadas para avanzar en la construcción del tramo 3 del controvertido Proyecto Tren Maya, una obra insignia de la administración de López Obrador que ha generado críticas por sus impactos ambientales y sociales.
El decreto, publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, confirma que 40 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Kanasín, Maxcanú, Tixpéhual, Cacalchén y Mérida serán afectados. La medida incluye todas las construcciones e instalaciones existentes en estas propiedades, que ahora quedan bajo control gubernamental para la ejecución del proyecto ferroviario.
La Sedatu ha dejado en claro que la ocupación de estos terrenos será inmediata, dando a los propietarios solo diez días hábiles para iniciar cualquier procedimiento judicial. Esto ha generado preocupación y descontento entre los afectados, quienes enfrentan una presión significativa para aceptar la decisión del gobierno.
El documento también señala que desde septiembre pasado se emitió una declaratoria de utilidad pública para estos terrenos. Sin embargo, la falta de comunicación y claridad en los procesos ha sido objeto de quejas. Sedatu deberá coordinarse con Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., para gestionar los pagos de indemnización conforme a la ley, aunque persisten las dudas sobre si estas compensaciones serán justas y adecuadas para los afectados.
La expropiación es solo el capítulo más reciente en la larga lista de polémicas en torno al Tren Maya, un proyecto que, aunque busca impulsar el desarrollo del sureste mexicano, ha sido criticado por su manejo apresurado y por ignorar los derechos de los propietarios y comunidades indígenas. Las organizaciones ambientales y civiles también han expresado su preocupación por los daños irreversibles al ecosistema de la región.
A medida que se intensifican los trabajos de construcción, la administración de López Obrador continúa enfrentando cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en el manejo de uno de sus proyectos más ambiciosos.
