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En un contexto de incrementos que han llevado el precio de los seguros de gastos médicos mayores hasta niveles de 40 por ciento, legisladores del Partido del Trabajo impulsan cambios legales para enfrentar la opacidad y las malas prácticas de un sector que hoy presiona el bolsillo de millones de familias. La iniciativa surge cuando las aseguradoras justifican los aumentos por la inflación médica y por la imposibilidad de acreditar el IVA, mientras los usuarios enfrentan coberturas cada vez más costosas y restrictivas.
En México, más de 14 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos mayores y alrededor de una quinta parte tiene más de 65 años, un grupo que utiliza con mayor frecuencia estos servicios. En ese escenario, el diputado José Antonio López Ruiz advirtió que los incrementos golpean con mayor fuerza a quienes más dependen de su póliza, dejando en evidencia un mercado poco equilibrado y con información limitada para los consumidores.
Ante esta situación, el legislador presentó una iniciativa que, según expuso, busca construir un sistema más competitivo y transparente. Uno de los ejes centrales es obligar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a publicar de forma periódica indicadores de precio y calidad de los servicios hospitalarios privados que ofrecen las aseguradoras, con el objetivo de que los usuarios puedan comparar opciones antes de contratar.
Otro punto clave es poner límites a prácticas que, de acuerdo con el diputado, se han normalizado en el sector, como cláusulas ambiguas, requisitos excesivos y criterios discrecionales para negar servicios o elevar primas. La propuesta plantea que, en caso de controversias, la ley priorice a las personas y reduzca la capacidad de las compañías para imponer interpretaciones a su favor.
La iniciativa también contempla garantizar la portabilidad de antigüedad entre aseguradoras, para evitar que los usuarios pierdan años de derechos adquiridos al cambiar de compañía. Este mecanismo, argumentó el legislador, fomentaría una competencia real y rompería relaciones contractuales que hoy resultan injustas para los asegurados.
Además, se propone un marco regulatorio más claro para la actualización de primas y tabuladores médicos, vinculando la inflación médica real con parámetros objetivos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunque no se plantean controles de precios directos, la intención es frenar incrementos artificiales que no respondan a costos reales y que terminan trasladándose de forma automática a los clientes.
El debate se da mientras organismos del propio sector reconocen que México enfrentará una de las inflaciones médicas más altas del mundo en 2026, con una tasa estimada de 14.8 por ciento. Aunque la contratación de seguros ha crecido en la última década, la cobertura sigue siendo limitada y los costos promedio por siniestro superan los 90 mil pesos, con casos que alcanzan montos millonarios. En este contexto, la iniciativa del PT intenta responder a un mercado cada vez más caro, pero también deja en evidencia la falta de políticas públicas preventivas que ataquen de fondo los desequilibrios del sistema de salud y del propio sector asegurador.
