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La Cámara Alta dio luz verde con 121 votos a favor a la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero el oficialismo se negó rotundamente a garantizar los dos días de descanso obligatorio que millones de trabajadores exigían. Lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum vende como un logro histórico es, en los hechos, una promesa a medias que no modifica el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso que ya existía.
La oposición no tardó en señalar la trampa. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la reforma como una simulación con tintes electoreros. La senadora priista Cristina Ruiz fue contundente al señalar que trabajar seis días no es descanso y que aprobar lo contrario equivale a mentirle al pueblo. Marko Cortés, del PAN, la definió como un acto de justicia a medias, aunque adelantó el voto a favor de su bancada por los aspectos positivos que reconocen en la enmienda.
Para colmo, la reforma amplía el máximo de horas extra permitidas de nueve a doce por semana, lo que según la oposición abre la puerta a la sobreexplotación laboral. La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, sentenció que Morena está dando gato por liebre, pues la reducción será gradual hasta 2030 y las condiciones reales para los trabajadores prácticamente no cambian.
El oficialismo, encabezado por el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, insistió en que la reforma protege el ingreso y que ningún momento implicará reducción de sueldo o prestaciones. Aseguró que elevar la jornada de 40 horas a rango constitucional la convierte en un derecho blindado.
Lo cierto es que esta reforma nació durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se atascó por falta de consensos. Sheinbaum la recuperó como bandera política, pero el resultado legislativo deja más dudas que certezas. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, donde ya existen resistencias y donde la batalla por los dos días de descanso obligatorio promete ser igual de intensa.
La reforma busca beneficiar eventualmente a más de 13.5 millones de trabajadores en México, pero mientras la gradualidad y la falta de garantías sobre el descanso semanal persistan, el supuesto triunfo de la 4T luce más como propaganda que como una transformación real para la clase obrera.
