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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pese a fuertes cuestionamientos de la oposición que advierte un exceso de control estatal, sobrecarga de responsabilidades a los agentes aduanales y poca claridad en las medidas contra la corrupción. La iniciativa, con un transitorio que fija su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2026, será devuelta a la Cámara de Diputados por los cambios incorporados en el pleno.
Con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención, la mayoría de Morena y sus aliados avaló el proyecto sin un debate de fondo, pese a que incluye 65 modificaciones, 44 adiciones y 9 derogaciones a la actual ley. El texto busca endurecer la fiscalización en la importación y exportación de mercancías, bajo el argumento de combatir el contrabando, la evasión fiscal y las operaciones ligadas al crimen organizado.
Según el discurso oficial, la reforma pretende modernizar el comercio exterior y reforzar la transparencia en los procedimientos aduaneros. Sin embargo, la oposición sostiene que se trata de una maniobra del Ejecutivo para concentrar poder y aumentar la dependencia del Senado frente a las instrucciones de Palacio Nacional. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la ley otorga facultades desproporcionadas a las autoridades y castigos excesivos a los intermediarios, sin ofrecer garantías reales de eficiencia o legalidad.
La senadora priista Claudia Anaya advirtió que la iniciativa podría provocar cuellos de botella en el comercio exterior y un aumento de precios en productos importados, afectando directamente a los consumidores. A su vez, la panista Imelda Sanmiguel calificó la reforma de simulación política y señaló que Morena ha reducido al Senado a una simple extensión del Ejecutivo, luego de que el presidente de la Comisión de Hacienda confirmara que el nuevo calendario de aplicación obedecía a instrucciones directas de la presidenta Sheinbaum.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, alertó que la propuesta no combate la corrupción en las aduanas, sino que traslada la responsabilidad a los agentes aduanales y empresas privadas. Consideró que la sobrerregulación genera incertidumbre jurídica y desalienta el comercio exterior, en un contexto en el que México debería priorizar la competitividad y la inversión.
La reforma, presentada como un esfuerzo de justicia fiscal, enfrenta así críticas por su rigidez, falta de equilibrio y limitada eficacia real. Aunque el gobierno asegura que busca fortalecer las finanzas públicas sin nuevos impuestos, sus opositores advierten que la medida solo encubre un intento más del oficialismo por ampliar su control burocrático y económico bajo el discurso del combate a la corrupción.
