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El Senado mexicano ha aprobado reformas a la Ley de Amparo con el fin de evitar la suspensión de obras y regulaciones generales por parte de los jueces. Esta acción ha generado críticas por parte de activistas y grupos sociales, quienes argumentan que estas modificaciones vulneran el acceso a la justicia.
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) ha expresado su desacuerdo con el dictamen, considerándolo retroceso y contrario al derecho de acceso a la justicia, especialmente para los vulnerables frente al poder político y económico. El CIS advierte que estas reformas limitarían la capacidad de la ciudadanía y otras instituciones para defender los derechos humanos ante la impunidad y el autoritarismo estatal, socavando así el propósito del juicio de amparo como protección de los derechos.
La propuesta, liderada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, busca modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, restringiendo la facultad de los jueces para suspender leyes generales en circunstancias excepcionales.
Esta medida ha sido criticada como inconstitucional y como un intento del Congreso de debilitar una herramienta crucial para la protección de los derechos ciudadanos, pendiente de votación en el pleno.
