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El Senado de la República evalúa la posibilidad de rechazar las renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una medida que les impediría recibir sus haberes y prestaciones de retiro. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, argumentó que los ministros buscan asegurar su pensión bajo los términos actuales, algo que el Senado tiene la facultad de frenar.
Este martes, Fernández Noroña explicó que los ministros planean presentar sus renuncias próximamente, lo cual ha generado controversia, ya que se interpreta como una maniobra para evitar reformas que afectarían sus beneficios. “Podemos no aceptar sus renuncias”, señaló el presidente del Senado, haciendo alusión a que la Constitución actual les brinda esta opción, aunque su intención es mantener privilegios.
Además, el funcionario calificó de “irresponsabilidad extrema” la posibilidad de que la SCJN declare inconstitucional la elección de jueces y magistrados, una resolución que, a su juicio, incitaría una “rebelión contra la Constitución”. Con un tono contundente, afirmó que los ministros están “así de convertirse en rebeldes sin causa”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que existe una estrategia por parte de al menos ocho ministros de la SCJN para presentar sus renuncias en los próximos días, asegurando así sus haberes completos. Atribuyó esta movida al intento de evadir los cambios previstos en la reforma al Poder Judicial, los cuales modificarían las condiciones de retiro de los magistrados.
Sheinbaum enfatizó que los ministros desean retirarse antes de la aplicación de la reforma, con el fin de “irse con todos los haberes de retiro” y evitar las limitaciones propuestas. Este plan de retiro anticipado les permitiría una jubilación con beneficios económicos sustanciales, lo que, según sus críticos, representa un esfuerzo por evitar las reformas impuestas por el artículo transitorio séptimo de la Constitución.
En dicho artículo se establece que los ministros que concluyan su encargo en 2025 sin renunciar antes de la fecha límite de convocatoria, no recibirán una pensión completa. Esta disposición intenta frenar los privilegios que actualmente disfrutan, salvo que renuncien al cargo antes del 31 de agosto de 2025, en cuyo caso sus haberes serían proporcionales al tiempo desempeñado.
