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El Senado de la República, con un respaldo de 69 votos, ha aprobado enmiendas cruciales a la Ley Federal del Trabajo que implican un cambio fundamental en el proceso de contratación. Estas modificaciones prohíben tanto a empleadores del sector privado como a instituciones públicas la solicitud de cartas de antecedentes no penales como requisito para la contratación.
En una sesión celebrada el día de ayer, el Pleno de la Cámara Alta también respaldó alteraciones en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, al presentar el proyecto ante el pleno, enfatizó que estas modificaciones buscan brindar una auténtica oportunidad de reinserción social a las personas con antecedentes penales. Argumentó que aquellos que han cumplido condenas no solo se enfrentan al estigma social, sino también a una falta de oportunidades laborales.
En medio de un intenso debate sobre el dictamen, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), expresó su preocupación. Mientras reconocía que eliminar el requisito de antecedentes penales para el sector privado era un avance en términos de no discriminación, argumentó que en el ámbito de la administración pública, esta medida podría resultar peligrosa. Afirmó que existen funcionarios corruptos en el sector público, lo que podría poner en riesgo la integridad del sistema.
Esta votación ha generado un intenso debate en el Senado, y sus implicaciones en la contratación y la reinserción social serán seguidas de cerca en los próximos meses.
