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El Senado de la República analiza una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que obligaría a las empresas a publicar el rango salarial en todas las vacantes laborales, con el objetivo de reducir la brecha de género y combatir la opacidad en los procesos de contratación.
La iniciativa, impulsada por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena de Morena, Geovanna Bañuelos del PT y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, busca eliminar prácticas comunes como el uso de frases ambiguas —entre ellas “sueldo competitivo” o “a convenir”— que impiden a los trabajadores conocer de forma clara cuánto se ofrece realmente por un puesto. Los legisladores argumentan que la falta de transparencia salarial perpetúa la desigualdad y deja a las mujeres en una posición de desventaja frente a los hombres.
Según la propuesta, la cultura del secreto salarial perjudica tanto a los empleados como al mercado laboral, ya que impide comparar oportunidades y oculta diferencias injustificadas en la remuneración. Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y de la OCDE revelan que las mujeres en México ganan entre 14 y 18 por ciento menos que los hombres, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad estima la brecha en alrededor de 15 por ciento. En términos acumulados, esta diferencia puede representar una pérdida de hasta 1.6 millones de pesos para una mujer a lo largo de su vida laboral.
La reforma plantea añadir un párrafo al artículo 83 de la LFT para establecer como requisito legal que los empleadores publiquen el rango de salario desde el inicio del proceso de reclutamiento. También subraya que la opacidad actual obstaculiza la detección de discriminación y limita el derecho de los trabajadores a reclamar un pago justo. Sin información clara, apuntan los senadores, es prácticamente imposible evidenciar desigualdades salariales.
A nivel internacional, la propuesta mexicana se inspira en la Directiva 2023/970 de la Unión Europea, que obliga a los empleadores a divulgar la remuneración inicial o la banda salarial de cada puesto. Países como Canadá, Reino Unido, Colombia y Chile han seguido rutas similares, mientras que estados de Estados Unidos como California, Nueva York y Colorado ya exigen por ley la publicación del salario en las ofertas de empleo.
Pese a las políticas implementadas en México, como la certificación de empresas en igualdad laboral o el aumento al salario mínimo, la brecha de género persiste y las medidas actuales han demostrado ser insuficientes. Con esta reforma, los senadores buscan promover la transparencia como una herramienta que no solo empodere a los trabajadores, sino que también mejore la competitividad y reduzca la rotación de personal.
De aprobarse, esta iniciativa se sumaría a otros cuatro proyectos legislativos que pretenden modernizar los procesos de contratación y garantizar un entorno laboral más justo, donde la información salarial deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho básico para quienes buscan empleo.
