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El Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a las empresas de servicios digitales a notificar a los usuarios, con al menos cinco días naturales de anticipación, antes de realizar una renovación automática de sus suscripciones. La medida busca evitar cobros inesperados y dar mayor control a los consumidores sobre sus membresías y servicios contratados.
La reforma establece que los proveedores deberán informar de manera clara y destacada si el servicio implica cargos automáticos, incluyendo la periodicidad, el monto y la fecha del cobro. Además, los suscriptores tendrán el derecho a cancelar el servicio sin penalizaciones injustificadas, lo cual coloca un freno a prácticas abusivas que se han vuelto comunes en plataformas de streaming, gimnasios, software o telefonía móvil.
El dictamen también obliga a las empresas a ofrecer mecanismos de cancelación simples, rápidos, gratuitos y de aplicación inmediata, eliminando trabas que prolongaban los cobros aún después de que el usuario intentaba salir del servicio. Con esta aprobación, el proyecto fue turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
Cinthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, señaló que esta iniciativa surgió ante el crecimiento del comercio digital y la urgencia de proteger los derechos digitales de los usuarios. Recordó que, solo en 2024, la Profeco registró más de 20 mil quejas relacionadas con suscripciones automáticas y cobros no autorizados.
Con estos cambios legales, se pretende que los consumidores puedan tomar decisiones informadas, evitar cargos sorpresivos y no quedar atrapados en servicios que no desean seguir pagando. La reforma representa un avance en la regulación del mercado digital y busca equilibrar la relación entre proveedores y usuarios en un entorno donde las suscripciones se han convertido en modelo de negocio dominante.
