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Marie Alvarado-Gil, senadora estatal de California, se encuentra en el centro de una polémica tras ser demandada por su jefe de oficina. El demandante la acusa de haberlo obligado a mantener relaciones sexuales con ella, lo que le causó graves lesiones físicas. Según la denuncia presentada en la Corte Superior de Sacramento, el acoso ocurrió durante varios viajes laborales. Aunque el abogado de Alvarado-Gil ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas, la demanda ha generado un debate sobre el abuso de poder en la política.
El demandante asegura que la senadora, quien recientemente cambió de partido, también lo forzó a realizar tareas fuera de sus responsabilidades laborales, como cuidar de sus hijos y pasear a sus mascotas. El caso ha generado una fuerte reacción pública, particularmente por las implicaciones éticas que conlleva, dado el contexto de poder en el que se dieron las supuestas agresiones.
La denuncia también señala que el demandante inicialmente se resistió a las presiones, pero finalmente cedió por miedo a represalias laborales, lo que desencadenó las lesiones físicas que ahora son parte central del caso. Estas presuntas heridas lo llevaron a requerir tratamiento médico y a someterse a una cirugía para reparar los daños en su columna.
A pesar de las graves acusaciones, Alvarado-Gil no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, y su abogado ha prometido una defensa férrea en los tribunales. La senadora está actualmente en campaña para su reelección en 2026, lo que ha añadido un tono político a las repercusiones del caso.
Este incidente plantea nuevamente el debate sobre los límites del poder en la política y la protección de los trabajadores en entornos donde la jerarquía puede influir en la dinámica de las relaciones laborales y personales.
