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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío al Senado de una reforma constitucional al artículo 127 para topar pensiones de exfuncionarios de confianza en Pemex, CFE y LyFC al 50 por ciento del salario presidencial, estimando un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales destinados a programas sociales.
La consejera jurídica Estela Damián detalló que la iniciativa, lista para el lunes 23 de febrero, elimina pagos exorbitantes heredados de contratos colectivos que ningún gobierno anterior resolvió, pero que Morena toleró durante años mientras sus aliados se beneficiaban.
Sheinbaum presume austeridad republicana, pero la medida excluye a empleados de base y al Poder Judicial, generando críticas por su selectividad oportunista justo cuando el erario muestra grietas por irregularidades pasadas.
La reforma no es impugnable vía amparo tras cambios previos, un blindaje que suena a imposición más que a consenso. Analistas ven en esto un movimiento político para desviar atención de otros déficits fiscales.
El ahorro prometido aliviaría presión presupuestal, pero expertos dudan de su impacto real frente a la montaña de observaciones de la ASF en el sexenio anterior. La 4T corrige ahora lo que ignoró antes.
La iniciativa narra un gobierno que ataca privilegios selectivos mientras protege a sus intocables, dejando la pregunta de quién realmente se beneficia de la supuesta equidad.
