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La relación bilateral con Estados Unidos ha colocado al gobierno de Claudia Sheinbaum en el centro de una presión política extrema. La ofensiva impulsada por la administración Trump ha usado acusaciones de control del crimen organizado para justificar una escalada de sanciones, cancelación de visas y redadas migratorias masivas. El gobierno mexicano aparece debilitado frente a una estrategia estratégica de mano dura.
El uso de inteligencia compartida ha permitido a EE. UU. actuar con impunidad. Esa información provino incluso del propio gobierno mexicano, lo que revela una dependencia preocupante y deja a Sheinbaum sin margen para maniobrar. La reacción diplomática se ha mostrado débil ante una presión estructural que va más allá de la retórica política.
Internamente, el desgaste se agrava por fallas que no se atacan con reformas concretas. Desde el escándalo de espionaje Pegasus y su manejo opaco, hasta huelgas, desabasto de medicamentos y conflictos legislativos, la administración enfrenta más fuego amigo que respuestas eficaces.
Las organizaciones civiles han señalado que la falta de transparencia es ya una marca del régimen actual. La comunicación oficial se ha transformado en propaganda y el lema de la Cuarta Transformación se diluye frente a una política que gestiona crisis sin restaurar confianza.
Pese a su mayoría en el Congreso, el poder interno no ha sido suficiente para frenar el desgaste del partido gobernante. Morena enfrenta divisiones internas, elecciones judiciales polémicas y una erosión de legitimidad que deja a la administración expuesta a la crítica pública.
Sheinbaum parece haber adoptado un enfoque de conciliación que ya no basta. La urgencia es clara: necesita un plan que recupere capacidad diplomática, que atienda los conflictos internos y que transforme el autoritarismo implícito en su estrategia en respuestas visibles y efectivas.
