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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que compañías estadounidenses figuran en las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal, un tema que ha vuelto a poner en entredicho la capacidad del gobierno para frenar el contrabando energético.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum admitió que no puede justificarse el ingreso de combustible desde Estados Unidos a México de forma ilícita, aunque insistió en que su administración ha reducido de manera considerable el flujo de producto ilegal. Aseguró que los controles aduaneros y las inspecciones implementadas han contribuido a elevar las ventas de Pemex y de otras empresas que operan bajo la ley, aunque evitó precisar cifras.
La presidenta también confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva a cabo sus propias indagatorias sobre el ingreso irregular de combustibles al país. De acuerdo con la mandataria, ambos gobiernos mantienen comunicación constante sobre el tema, aunque no ofreció detalles sobre las posibles sanciones a las empresas involucradas.
Una investigación de Reuters expuso una red transnacional de contrabando operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación con apoyo de empresas fachada mexicanas y firmas estadounidenses. Entre ellas figura Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, señalada de facilitar la importación ilegal de diésel mediante la compañía Intanza, ubicada en Monterrey y presuntamente controlada por el CJNG.
El reportaje reveló que la operación consistía en comprar combustible en Canadá y declararlo falsamente como lubricante para evadir impuestos. Los cargamentos eran trasladados por barco hacia México y descargados de forma irregular en puertos como Ensenada y Guaymas, burlando la supervisión de las autoridades mexicanas.
Aunque Sheinbaum afirmó que el volumen de combustible ilegal ha disminuido, la magnitud del esquema y la implicación de empresas extranjeras muestran que el problema persiste. Las investigaciones podrían derivar en un conflicto diplomático y en nuevas presiones sobre su administración, ya que el huachicol fiscal representa una de las mayores fugas de ingresos tributarios del país y un reflejo de la vulnerabilidad de las aduanas bajo el actual gobierno.
