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La extorsión continuó al alza en la primera mitad de 2025, con un incremento del 28 % desde 2019, ubicándose como el delito de mayor impacto a nivel nacional, especialmente contra pequeños comerciantes y microempresas. Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina que este delito es el único que no ha logrado disminuir en su administración.
Hoy firmó una iniciativa constitucional para enviar al Congreso una reforma que convertiría a la extorsión en un delito general y de oficio, equivalente al homicidio o secuestro. Con esto, se busca que sea el Estado —y no la víctima— quien denuncie, eliminando la necesidad de ratificación por parte de la persona afectada.
La estrategia incluye activar el número 089 para denuncias anónimas, extinguir teléfonos usados para extorsionar, crear unidades estatales especializadas e involucrar a la UIF para congelar las cuentas financieras vinculadas a estas redes delictivas. Esta política se desplegará en ocho entidades que concentran el 66 % de los casos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, líder del operativo, destacó que las fiscalías de secuestro se integrarán a fuerzas antiextorsión y que la coordinación federal-estatal será clave para atacar a los carteles responsables. Los cambios requerirán una reforma constitucional y leyes estatales armonizadas.
El anuncio llega en medio de críticas crecientes sobre la falta de resultados en materia de seguridad. La presidenta intenta dar vuelta a la narrativa, posicionando esta cruzada como su mayor apuesta para recuperar la confianza ciudadana y avanzar con una agenda de seguridad concreta.
Aunque el plan suena ambicioso, refleja más una necesidad política que un logro tangible: sin resultados claros en reducción efectiva del delito, esta ley podría convertirse en una promesa más de un gobierno que ha visto cómo sus esfuerzos en seguridad se diluyen bajo la sombra del crimen organizado.
