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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la creación de una comisión para investigar la violencia registrada el 15 de noviembre en el Zócalo, pero al mismo tiempo insistió en responsabilizar a un supuesto grupo lleno de odio que, según ella, habría llegado a agredir a la policía. La mandataria pidió esclarecer denuncias y señalamientos, aunque evitó reconocer fallas del operativo de su propio gobierno y centró su discurso en denunciar a terceros.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la violencia fue provocada por un grupo que golpeó a policías y que después guardó silencio sobre su actuación. Sus declaraciones buscaron reforzar la idea de que su administración actuó correctamente, pese a los testimonios que cuestionan el uso excesivo de la fuerza y el manejo del operativo durante la protesta juvenil.
Tras estas declaraciones, la bancada de Morena en el Congreso capitalino elevó el tono político de la controversia al señalar presuntos vínculos entre los disturbios y operadores de la oposición. El diputado Paulo Emilio García afirmó que existen pruebas que involucran a actores cercanos a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y exigió la separación temporal de Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, pese a que ninguno de los señalamientos ha sido sustentado con evidencia pública.
Ambos alcaldes rechazaron de inmediato las imputaciones. Rojo de la Vega negó cualquier vínculo con los hechos violentos, mientras que Tabe calificó como una idiotez la acusación de Morena. Diputados del PAN denunciaron un intento de persecución política y acusaron al oficialismo de fabricar una narrativa para desviar la atención del manejo policial que, argumentan, terminó agravando la confrontación en la marcha de la Generación Z.
Tras más de cuatro horas de discusión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana profundicen la investigación y conformen una comisión especial de seguimiento. Morena presentó nombres de supuestos operadores políticos que habrían movilizado comerciantes, mientras legisladoras de oposición refutaron las acusaciones y señalaron presiones internas para justificar la versión oficial.
La pugna exhibe una vez más el clima de polarización que rodea a la administración de Sheinbaum, donde la respuesta gubernamental a protestas ciudadanas termina envuelta en señalamientos políticos y acusaciones cruzadas que dejan más dudas que certezas sobre lo ocurrido el 15N.
