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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que enviará al Senado una reforma constitucional al artículo 127 para limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel y régimen de confianza en dependencias federales, organismos descentralizados, empresas públicas, banca de desarrollo y fideicomisos. El tope propuesto es que ninguna pensión supere la mitad del salario actual de la presidenta de la República.
La consejera jurídica Estela Damián presentó los detalles de la iniciativa, que será enviada formalmente al Senado el lunes 23 de febrero. El gobierno estima que la medida generaría un ahorro de 5 mil millones de pesos al erario público, recursos que serían canalizados a los programas del Bienestar, según explicó la propia mandataria durante la conferencia matutina.
El caso que motivó la reforma es emblemático de los excesos que supuestamente combate la Cuarta Transformación. La extinta Luz y Fuerza del Centro, actualmente en proceso de liquidación, sigue pagando pensiones que superan con creces el promedio nacional, un privilegio heredado de contratos colectivos que ningún gobierno anterior se atrevió a tocar y que Morena tampoco modificó durante los seis años de AMLO.
Sheinbaum fue enfática al aclarar que la reforma solo aplica a trabajadores de confianza y altos mandos, no a empleados de base ni sindicalizados. También excluyó al Poder Judicial de esta modificación, una omisión que genera suspicacias considerando el conflicto abierto entre el gobierno y los juzgadores federales.
El gobierno recordó que las reformas constitucionales ya no son impugnables vía amparo, un detalle que suena más a advertencia que a aclaración jurídica. La reforma se presenta bajo tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.
Sin embargo, la pregunta que nadie responde es por qué Morena tardó siete años en atacar estas pensiones si desde 2018 tenía mayoría para hacerlo. La respuesta es incómoda: porque muchos de los beneficiarios de esas pensiones millonarias son aliados políticos del movimiento. La reforma llega ahora, cuando ya no queda excusa para no actuar, pero el daño al erario de años de inacción ya está hecho.
