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En su conferencia matutina de este 9 de julio, Claudia Sheinbaum rechazó tajante que haya existido un pacto de impunidad para el expresidente Enrique Peña Nieto. Aseguró que en su sexenio se realizó una consulta pública para enjuiciar a exmandatarios que no alcanzó los votos necesarios y no se judicializó a nadie.
La presidenta resaltó que el camino legal ahora corresponde a la Fiscalía General de la República y al fiscal Alejandro Gertz Manero, quienes deben explicar por qué no avanzaron las investigaciones pese a denuncias públicas y evidencias señaladas internacionalmente.
También calificó al expresidente Vicente Fox como “un traidor a la democracia”, acusándolo de haber sido responsable del desafuero de AMLO en 2006 y de romper promesas de campaña, lo que encendió la crítica directa al PRI-PAN y reafirmó su postura frente a la historia política reciente.
Aunque negó un pacto explícito, su postura enfrenta contradicciones: organizaciones civiles han exigido acciones concretas tras revelaciones de sobornos para contratos del software de espionaje Pegasus vinculadas presuntamente al sexenio de Peña Nieto, mientras la Fiscalía no ha logrado sentencias.
La narrativa de “no impunidad” choca con la percepción popular de que la Cuarta Transformación no ha desmantelado redes de corrupción al más alto nivel. Su mensaje busca distanciarse de promesas incumplidas, pero deja al descubierto una estructura judicial que no avanzó en los casos más sonados del pasado reciente.
Este posicionamiento, más que despejar dudas, profundiza el escepticismo sobre la capacidad real del gobierno federal para romper con pactos de impunidad históricos. La justicia queda delegada a instituciones que demostraron inacción, lo que refuerza la idea de conceptos simbólicos sin consecuencias reales.
