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La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la renovación del Pacic para afirmar que el costo de la canasta básica se ha reducido 4.7% en lo que va del sexenio, presentándolo como prueba de éxito económico y de disminución de la pobreza. Sin embargo, más allá de los números oficiales, el programa sigue funcionando como un control de precios encubierto, limitado y dependiente de acuerdos empresariales que difícilmente pueden sostenerse en el largo plazo.
El Pacic —firmado con 20 grandes productores y 12 cadenas de autoservicio— congela por seis meses el precio de una canasta mínima de 24 productos en 910 pesos. La presidenta presume que el valor se ha mantenido estable durante un año, pero omite que esto ocurre gracias a un pacto voluntario que actúa como tope de precios, no como resultado de una mejora estructural en productividad o competencia. La rebaja real de 3.4% que menciona Hacienda depende por completo de este acuerdo y no refleja el comportamiento general del resto de los alimentos, que siguen comprometidos por costos logísticos y presiones en insumos.
El titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, celebró que el precio promedio pasó de 886.5 pesos a 845 pesos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Aunque nominalmente hay una reducción de 4.7%, el dato solo aplica a los supermercados monitoreados por Profeco y a la canasta específica del Pacic. El resto de los productos esenciales —verduras, frutas, carnes no incluidas y alimentos frescos— no han tenido la misma trayectoria y continúan presionando el gasto familiar. En otras palabras, se presume una baja muy acotada que no representa el panorama completo del consumidor.
Sheinbaum también atribuye la supuesta reducción de pobreza al aumento del salario mínimo, que —según ella— habría recuperado 125% de su valor desde 2018. No obstante, especialistas han advertido que el salario mínimo sube más rápido que la productividad, lo que en un entorno de incertidumbre regulatoria puede trasladarse a más costos para pequeñas empresas y eventualmente generar distorsiones laborales. El gobierno insiste en que el aumento no presiona precios, pero la evidencia en sectores no cubiertos por el Pacic matiza esa afirmación.
El empresariado, representado por Francisco Cervantes, respaldó la narrativa oficial y sostuvo que el Pacic ha ayudado a controlar la inflación y reducir la pobreza. Sin embargo, también reconoció la importancia crucial del T-MEC y del contexto regional, un recordatorio de que la estabilidad de precios depende tanto de la integración comercial como del buen funcionamiento de las cadenas de suministro, más que de controles focalizados.
En resumen, la disminución del costo de la canasta básica que presume el gobierno debe leerse con cautela. El descenso es real, pero artificialmente sostenido por un pacto con grandes empresas y limitado a un conjunto pequeño de productos. Mientras tanto, persisten dudas sobre la sostenibilidad del Pacic, su verdadero impacto en la pobreza y el efecto de los incrementos salariales en otros segmentos del mercado. El discurso oficial celebra un logro que, si se observa con detalle, tiene alcances mucho más modestos de lo que la narrativa gubernamental intenta instalar.
