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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó duras críticas al desestimar los bloqueos carreteros que paralizaron 17 estados del país, insistiendo en que las movilizaciones carecían de justificación pese al evidente malestar de productores y transportistas. Aunque afirmó que existen mesas de negociación en temas de seguridad, agricultura y la Ley de Aguas Nacionales, su postura fue percibida como una reacción que ignora la magnitud del conflicto y subestima sus causas.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que detrás de estas protestas hay motivaciones políticas, particularmente por la discusión de la nueva ley de aguas en el Congreso. Señaló a concesionarios que reciben agua gratuitamente para riego y que, según su versión, buscan seguir comercializando el recurso excedente. Sin embargo, este argumento fue visto por distintos sectores como una simplificación del problema y una forma de deslindar al gobierno federal de sus fallas en gestión y diálogo.
La mandataria aseguró que no existen investigaciones contra los dirigentes que convocaron a los cierres carreteros y reiteró que bloquear vialidades constituye un delito, aunque dijo que su administración no perseguirá a quienes se manifiesten. Aun así, sus declaraciones generaron confusión, pues contrastaron con mensajes previos de la Secretaría de Gobernación, lo que dejó entrever falta de claridad y coordinación dentro de su propio gabinete.
Sheinbaum remarcó que, según su perspectiva, los manifestantes buscan mantener privilegios vinculados al uso del agua, ya que la reforma pretende que el excedente generado por la tecnificación de riego regrese a la Comisión Nacional del Agua en lugar de seguir siendo comercializado. No obstante, para muchos productores, la inconformidad responde a la opacidad con la que el gobierno ha manejado la reforma y al temor de que la centralización del recurso derive en nuevas discrecionalidades.
Ante las acusaciones, la presidenta lamentó las protestas y cuestionó el cierre de carreteras cuando, afirma, existen espacios de negociación abiertos. Aun así, omitió reconocer que los bloqueos escalaron precisamente por la falta de respuestas contundentes a las demandas del sector agrícola, así como por la creciente desconfianza hacia su administración.
Sheinbaum insistió en que su gobierno no caerá en provocaciones ni recurrirá a la represión, pero volvió a subrayar que quienes participaron en los cierres defienden intereses particulares. Mientras tanto, los productores mantienen su postura y aseguran que el gobierno federal no ha atendido con seriedad los riesgos de seguridad en las vías, los problemas de infraestructura y las dudas sobre la nueva regulación del agua.
Al cerrar su posición, la presidenta sostuvo que si los manifestantes buscan conservar privilegios, su administración no cederá. Sin embargo, el trasfondo del conflicto dejó ver algo más profundo: un distanciamiento evidente entre el gobierno federal y sectores que, cansados de promesas incumplidas, ya no encuentran confianza en las palabras de una administración que presume diálogo, pero no convence con resultados.
