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La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado su nueva estrategia nacional de seguridad, cuyo eje central será el debilitamiento de las finanzas del crimen organizado. Para ello, ha anunciado la creación de un “gabinete alterno” conformado por diversas instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, Pemex Logística y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este equipo se enfocará en combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que financian a grupos criminales.
El plan de seguridad, que fue delineado por su equipo en septiembre, prioriza la detención de delincuentes clave que podrían desencadenar actos violentos tras su captura. Se aplicará un sistema de recompensas sobre aquellos considerados generadores de violencia y que cuenten con órdenes de aprehensión pendientes, fortaleciendo así las labores de inteligencia y detención estratégica.
Uno de los principales objetivos de esta estrategia es reducir los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en los 10 municipios más afectados por la violencia relacionada con el crimen organizado, entre ellos Tijuana, Celaya, y Acapulco. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 25.3% de los homicidios se concentran en estas áreas, lo que subraya la urgencia de la intervención del Estado.
El plan también contempla acciones en sectores específicos, como el combate al tráfico de fentanilo y armas, así como la extorsión vinculada al ciclo productivo del limón en Michoacán. Adicionalmente, se implementarán retenes en carreteras y se utilizará tecnología avanzada para mejorar la seguridad en las vías de comunicación, todo en coordinación con instituciones como la Sedena y la Semar.
La estrategia de Sheinbaum busca consolidar la presencia del Estado en las zonas más afectadas, mediante un enfoque integral que incluye la capacitación de las fuerzas de seguridad y la mejora de la coordinación interinstitucional.
