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Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentará hasta noviembre la propuesta formal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, aplazando nuevamente una de las promesas más repetidas de su gobierno. La presidenta aseguró que el plan buscará equilibrar la disminución de horas con un aumento del salario mínimo, aunque las críticas por la falta de resultados concretos comienzan a acumularse entre los trabajadores.
Durante la llamada Conferencia del Pueblo, Sheinbaum explicó que la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños López, ha sostenido reuniones con sindicatos, empleados y empresarios con el fin de construir una propuesta “de consenso”. Sin embargo, esta búsqueda de acuerdos ha resultado en continuos retrasos que ponen en duda la capacidad del gobierno para cumplir con una de las reformas laborales más esperadas de los últimos años.
La mandataria reconoció que el objetivo es avanzar hacia las 40 horas semanales sin afectar los ingresos ni la productividad de las empresas, aunque evitó ofrecer un calendario definitivo de implementación. Según el esquema inicial, presentado desde abril de 2023, la reducción sería paulatina: de 48 a 46 horas en 2026, a 44 en 2027, y así hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Este ritmo lento ha generado descontento entre trabajadores que consideran que el gobierno ha optado por proteger intereses empresariales antes que laborales.
Sheinbaum insistió en que el nuevo modelo se definirá mediante diálogo, señalando que tanto los empresarios como los sindicatos deben coincidir en la forma de aplicación. No obstante, la estrategia refleja el mismo patrón de dilación que caracterizó al gobierno anterior de Morena, donde numerosas promesas sociales se fueron aplazando bajo el argumento del “consenso”.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la jornada máxima actual es de 48 horas a la semana, con diferentes límites para horarios diurnos, nocturnos y mixtos. La propuesta oficial contempla mantener los sueldos intactos y otorgar dos días de descanso por cada cinco trabajados, una medida que busca mejorar la calidad de vida de los empleados.
Pese a los discursos optimistas, economistas y especialistas advierten que el éxito del proyecto dependerá de su ejecución gradual y de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para absorber los costos. Hasta ahora, la falta de definiciones concretas ha generado incertidumbre en el sector productivo y desilusión entre los trabajadores, que ven cómo una promesa emblemática de justicia laboral se convierte, poco a poco, en otra promesa postergada del gobierno de Morena.
