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El Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma constitucional para enfrentar el delito de extorsión, el cual ha mostrado un alarmante crecimiento en los últimos años. La propuesta fue entregada el 10 de julio a la Comisión Permanente del Congreso y busca facultar al Poder Legislativo para que, en un plazo de 180 días, elabore una ley general que unifique los criterios penales en torno a este delito, que hoy presenta grandes diferencias según la entidad federativa.
La disparidad en las sanciones actuales es notoria: mientras en entidades como Oaxaca la pena mínima es de un año, en estados como Chihuahua puede llegar hasta 30 años. Las multas también varían de forma considerable: desde los 36 mil pesos en estados como Baja California Sur o Nayarit, hasta los 691 mil en Coahuila. Esta falta de homogeneidad legal ha sido uno de los factores que impiden una persecución efectiva de quienes cometen extorsión.
El documento entregado al Congreso admite que la extorsión se ha convertido en un crimen de alto impacto, cuya prevención ha sido insuficiente por parte de los tres niveles de gobierno. Lejos de tratarse de un delito menor, se señala que su presencia vulnera no solo a individuos, sino al tejido social completo, pues afecta a empresas, negocios, mercados y hasta instituciones gubernamentales.
Según los datos oficiales, la situación ha empeorado. En 2018 se registraba una tasa diaria de 18.89 amenazas, pero en enero de 2025 el promedio subió a 29.77, lo que representa un aumento del 57.6 por ciento en seis años. Esta escalada pone en entredicho la efectividad de las políticas de seguridad promovidas por los gobiernos recientes, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, cuyo sexenio no logró contener esta tendencia.
El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de extorsión en 2024. Sólo el Estado de México acumuló 33.1 por ciento de los casos en enero de 2025, lo que revela la incapacidad del sistema actual para dar una respuesta coordinada frente al crimen organizado.
La exposición de motivos subraya que la extorsión no sólo tiene fines económicos, sino que se ha convertido en una herramienta para coaccionar a funcionarios y debilitar el funcionamiento de las instituciones públicas. El crimen organizado utiliza estas prácticas para abrir el camino a otras actividades ilícitas, muchas veces con total impunidad.
El proyecto indica que, una vez aprobada la reforma, el Congreso tendrá 180 días para emitir una legislación secundaria que fortalezca la colaboración entre la Federación y las entidades federativas. El objetivo, aseguran, es construir un marco legal eficiente y coherente que permita enfrentar este flagelo con mayor contundencia y respaldo institucional.
