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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reiteró que ni Uber ni otras plataformas similares están autorizadas para ofrecer servicios de transporte de pasajeros en los aeropuertos de México, a pesar del reciente fallo judicial que la empresa presentó como una victoria parcial.
A través de la Dirección General de Autotransporte Federal, la dependencia aclaró que la suspensión otorgada por el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México solo limita la forma en que la Guardia Nacional puede realizar operativos, exigiendo que se ajusten a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sin acciones arbitrarias o discriminatorias. Sin embargo, enfatizó que esta medida no constituye una autorización legal para que Uber o plataformas equivalentes operen dentro de terminales aéreas.
La SICT recordó que los únicos servicios permitidos en aeropuertos son los taxis con concesión, los transportes turísticos y los autobuses que cuenten con permisos federales. Reiteró que los usuarios deben recurrir exclusivamente a estos medios, ya que las aplicaciones carecen de respaldo regulatorio para realizar viajes desde o hacia instalaciones aeroportuarias.
El gobierno federal ha reforzado en los últimos años las sanciones contra conductores de plataformas que operan en zonas federales sin licencia de autotransporte, seguros obligatorios o contribuciones correspondientes. Las multas y decomisos se han intensificado ante el incremento de denuncias de competencia desleal y riesgos de seguridad.
El fallo judicial del 27 de octubre, emitido por la jueza Blanca Lilia Ochoa, otorgó una suspensión definitiva a Uber únicamente para que sus conductores no sean detenidos arbitrariamente mientras continúa el proceso legal. No obstante, la SICT aclaró que el juicio de amparo no sustituye los permisos necesarios ni modifica el marco normativo vigente.
La controversia se agrava en vísperas del Mundial de Futbol 2026, cuando México espera recibir más de 5.5 millones de visitantes adicionales. Mientras las plataformas digitales exigen una regulación moderna que les permita operar legalmente en aeropuertos, los gremios de taxistas concesionados defienden sus derechos adquiridos y acusan competencia desleal.
Pese a la presión social y económica que supone la creciente demanda de movilidad, el gobierno federal mantiene su postura: las terminales aéreas seguirán siendo zonas exclusivas para transporte autorizado, hasta que el Congreso defina un marco legal claro para las aplicaciones de transporte privado.
