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El malestar sindical frente a la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral se intensificó luego de confirmarse que el dictamen en comisiones unidas del Senado permanece intacto respecto a la propuesta original. Ante este escenario, las principales organizaciones sindicales del país cerraron filas para expresar su rechazo técnico a una reforma que, aseguran, diluye el objetivo central de mejorar las condiciones laborales y posterga sus beneficios reales.
La Mesa de Diálogo Sindical, la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores advirtieron que el proyecto presentado el 3 de diciembre de 2025 contiene mecanismos que debilitan la reducción efectiva del tiempo de trabajo. En particular, señalaron que el diseño actual aplaza el pleno ejercicio de este derecho hasta 2030, lo que consideran una concesión injustificada que contradice el discurso oficial de bienestar laboral.
Como medida de presión, las organizaciones anunciaron movilizaciones frente al Senado de la República, mientras al interior del recinto se prevé una reunión entre el secretario del Trabajo y los legisladores que integran las comisiones dictaminadoras. El contraste entre la protesta en la calle y las negociaciones cerradas en el Congreso refleja la creciente desconexión entre el gobierno federal y los trabajadores que dice representar.
Uno de los puntos más criticados es que la reforma conserva el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, sin avanzar hacia el modelo de cinco por dos que ha sido una de las principales demandas sindicales. Además, el rediseño del concepto de jornada laboral, al sustituir la noción de estar a disposición del empleador por la de desarrollar actividades subordinadas, abre la puerta a interpretaciones que podrían excluir tiempos de guardia o espera del cómputo laboral.
En el plano económico, los sindicatos alertan que la nueva regulación de horas extraordinarias y la posibilidad de jornadas combinadas de hasta 12 horas diarias normalizan extensiones de trabajo que, en la práctica, pueden anular el beneficio de la reducción semanal. Aunque el proyecto prohíbe disminuir el salario nominal, el mayor uso de horas extra implicaría una mayor carga fiscal y de seguridad social para los trabajadores, reduciendo su ingreso neto por hora adicional.
A ello se suma el impacto en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, ya que estas horas adicionales son deducibles para las empresas, lo que podría reducir la utilidad fiscal y el monto global a repartir. En materia de salud ocupacional, las organizaciones advierten que, sin una negociación colectiva real, la reforma puede incentivar la intensificación del trabajo, trasladando el costo de una reforma mal diseñada directamente a los trabajadores.
Lejos de ser un avance sólido, la iniciativa de las 40 horas se ha convertido en un nuevo foco de confrontación entre el gobierno federal y el movimiento sindical. Para los trabajadores, el proyecto no solo carece de ambición, sino que confirma una vez más que las reformas laborales impulsadas desde el poder se construyen sin escuchar a quienes enfrentarán sus consecuencias.
