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Pachuca, Hgo. – La Secretaría de Contraloría, bajo la dirección de Álvaro Bardales, ha intensificado la supervisión en diversos centros educativos, institutos y universidades para asegurar la correcta gestión de los recursos destinados al sector educativo. Esta medida busca fortalecer la transparencia y eficacia, así como garantizar la rendición de cuentas.
Recientemente, la Coordinación de Contralores y Comisarios realizó inspecciones simultáneas en un total de 29 centros educativos, incluyendo 5 instituciones, 5 centros de educación media superior, 2 universidades estatales, 3 institutos tecnológicos, 6 universidades politécnicas y 8 universidades tecnológicas del estado.
Durante estas revisiones exhaustivas, se examinaron un total de 445 vehículos pertenecientes a las instituciones educativas, revelando varias irregularidades en su gestión y estado operativo.
En detalle, se identificaron 77 hallazgos, donde el 21 % de los vehículos carecían de bitácora de recorrido o presentaban bitácoras incompletas o incorrectas, el 14 % no tenían verificación vehicular vigente, el 13 % mostraban deficiencias en el mantenimiento, el 12 % presentaban daños físicos, y el 10 % estaban fuera de servicio o con placas vencidas.
El restante 20 % de las observaciones incluía vehículos sin seguro, unidades con reporte de robo o accidente, problemas con las pólizas de seguro, falta de equipo de seguridad adecuado, resguardos inapropiados, ausencia de títulos de propiedad, logotipos institucionales o contratos de comodato.
Frente a estas irregularidades, la Secretaría de Contraloría ha notificado a los rectores y responsables de las instituciones educativas afectadas para que, en un plazo máximo de 15 días, procedan a realizar las correcciones pertinentes.
Este requerimiento debe ser cumplido por los responsables de las áreas administrativas o de gestión vehicular correspondientes. En caso de incumplimiento, se iniciará un proceso administrativo que podría conllevar responsabilidades para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones.
El contralor estatal, Álvaro Bardales, subrayó la importancia de estas acciones como medidas preventivas contra el mal uso de fondos, con el fin de eliminar prácticas perjudiciales que puedan afectar tanto al sistema educativo como a la sociedad en general.
Este proceso de supervisión y corrección refleja el compromiso continuo de la dependencia en fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la educación, garantizando su adecuada aplicación en beneficio de la comunidad.”
