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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderada por su presidenta Norma Piña Hernández, admitió una solicitud presentada por Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed). El propósito es que el máximo tribunal determine cuál es el órgano competente para abordar las suspensiones emitidas por jueces de amparo, que habían ordenado detener la reforma judicial y fueron desacatadas por Claudia Sheinbaum Pardo y otras autoridades federales.
Norma Piña Hernández asignó el expediente 4/2024 al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien tendrá la tarea de desarrollar un proyecto de resolución al respecto. Esta decisión se enmarca en un contexto donde la independencia judicial ha sido motivo de debate, especialmente por las constantes tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno federal.
La presidenta de la Corte también ordenó dar vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que este órgano manifieste lo que considere adecuado conforme a derecho. Esta medida busca asegurar que todas las instancias involucradas expresen su posición de manera formal.
Desde mediados de septiembre, jueces federales han emitido al menos 70 suspensiones derivadas de amparos interpuestos por magistrados, jueces y diversas organizaciones civiles, con el fin de frenar los efectos de la reforma judicial. Sin embargo, las acusaciones de desacato por parte de las autoridades han intensificado las críticas hacia el gobierno.
El expediente incluye resoluciones enmarcadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las cuales han sido objeto de atención mediática y académica. La decisión de Piña Hernández es vista como un esfuerzo por salvaguardar la autonomía judicial frente a las presiones externas, en un ambiente político donde las acciones del gobierno de la 4T generan cada vez más desconfianza.
