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La propuesta del presidente López Obrador de destinar más de 15,500 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a los afectados por el huracán Otis en Guerrero se ve obstaculizada por una suspensión provisional otorgada por la jueza Elizabeth Trejo Galán. Esta medida impide que los poderes Ejecutivo y Judicial continúen la negociación en curso y protege los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social.
La jueza Trejo Galán subraya que la suspensión no afecta el interés social ni el orden público, ya que el decreto reclamado no especifica la finalidad de emplear los recursos de los fideicomisos extinguidos. La decisión final sobre la suspensión definitiva se tomará el próximo 14 de noviembre.
Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), informa sobre la medida cautelar, destacando que la suspensión provisional beneficia a todo el personal del PJF y se vincula con los fideicomisos de la SCJN y el CJF, incluyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En respuesta, los líderes parlamentarios del Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados anuncian una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma al Poder Judicial de la Nación que eliminó 13 de los 14 fideicomisos. Acusan que la eliminación de estos recursos vulnera la Constitución, la división de poderes y busca debilitar al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, destaca que los fideicomisos extinguidos no eran privilegios de los ministros, sino para el personal operativo. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, reitera que esta reforma atropella la división de poderes, mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, enfatiza que los fideicomisos eran derechos adquiridos por los trabajadores de base del Poder Judicial.
