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Este 25 de febrero de 2026, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, marcando un giro en las altas esferas del sistema de justicia del país. Pocas horas después, la propia Asamblea lo designó como defensor del Pueblo encargado, cargo que ocupaba anteriormente antes de ser fiscal.
En la misma sesión, también renunció Alfredo Ruiz Angulo como defensor del Pueblo por “razones de índole personal, familiar y de salud”, y el Parlamento activó el proceso para nombrar encargados mientras se conforman comités de postulación para elegir a los nuevos titulares de ambos puestos.
¿Qué se sabe de Saab y su salida?
Saab estuvo al frente de la Fiscalía desde 2017, periodo en el que encabezó investigaciones y detenciones de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, acciones que han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch por la persecución de críticos y presuntos abusos.
Al presentar su renuncia, Saab afirmó que había cumplido su trabajo “con hidalguía y honor” en un contexto de desafíos para el país, defendiendo el papel constitucional de la Fiscalía en preservar la paz y los derechos humanos.
Reacciones y próximos pasos.
La designación de Saab como defensor del Pueblo encargado ha sido criticada por grupos de derechos humanos, que consideran que es un paso en falso para una reforma real del sistema de justicia y piden nombramientos independientes.
Mientras tanto, la Asamblea nombró al abogado Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general encargado, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Las renuncias y nuevos nombramientos se producen en un momento de cambios institucionales en Venezuela, en medio de una agenda de reformas y una ley de amnistía para presos políticos, además de movimientos en altos cargos desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.
👀 Un cambio con impacto político y jurídico, que seguirá siendo observado tanto dentro como fuera del país.
