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En medio de la efervescencia política en Guanajuato, el arzobispo de la región, Alfonso Cortés, emitió un llamado a los feligreses para que eviten votar por el partido Morena, debido a su postura respecto a la despenalización del aborto. Este pronunciamiento, realizado durante una homilía, ha generado controversia, ya que la ley prohíbe a los ministros religiosos involucrarse en actividades políticas.
La Provincia Eclesiástica del Bajío, compuesta por varias diócesis, también organizó talleres en diversos municipios para promover que los católicos no apoyen a partidos que no respalden la vida desde su concepción y la estructura familiar tradicional.
En respuesta a estas acciones, Alma Alcaraz Hernández, candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura, solicitó que la Secretaría de Gobernación investigue estos talleres, argumentando que la Iglesia católica no debería inmiscuirse en temas político-electorales.
Alcaraz enfatizó en la necesidad de respetar la separación entre la Iglesia y el Estado, recordando que vivimos en un Estado laico donde la espiritualidad y la política deben permanecer separadas.
La candidata manifestó que su partido está evaluando presentar una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por estas acciones, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal.
Mientras tanto, se han difundido videos y audios donde sacerdotes expresan opiniones contrarias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros miembros de Morena. Esta situación ha generado debate sobre el papel que deberían jugar las instituciones religiosas en el ámbito político.
Según lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas, asociarse con fines políticos o realizar propaganda a favor o en contra de algún candidato o partido constituye una infracción.
La interferencia del clero católico en el proceso electoral ha generado tensiones y plantea interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión religiosa y la neutralidad del Estado en asuntos políticos.
