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Un acto brutal sacudió a San Mateo Piñas, Oaxaca, este domingo, cuando un comando armado ingresó al palacio municipal y asesinó a la alcaldesa Lilia Gema García Soto.
De acuerdo con las primeras versiones, cuatro sujetos disfrazados de policías llegaron en moto, se metieron directo a la alcaldía y abrieron fuego contra la presidenta municipal. En el mismo ataque también fue asesinado Eli Gregorio García Ruiz, quien se desempeñaba como agente municipal en la comunidad de Agua Caliente.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su repudio total a este crimen, asegurando que no habrá impunidad. “Vamos a trabajar junto con la Fiscalía General del Estado para llegar al fondo del asunto y que se haga justicia”, prometió.
San Mateo Piñas es un pequeño municipio oaxaqueño con unos 2 mil habitantes, ubicado cerca de la costa del Pacífico. Forma parte de una red de comunidades originarias del sur del país que se gobiernan bajo el sistema de “usos y costumbres”, eligiendo a sus autoridades locales cada tres años.
García Soto había asumido el cargo en 2022, y estaba a punto de terminar su gestión. Llegó al poder con una postura firme contra la corrupción, denunciando irregularidades de administraciones anteriores. Sin embargo, su mandato también estuvo envuelto en polémica, pues sectores opositores la acusaron de prácticas ilegales.
Este crimen no es un hecho aislado. Datos de la consultora Integralia revelan que en los primeros tres meses de 2025, al menos 50 políticos han sido asesinados en México. Lo alarmante es que el 80% de ellos eran autoridades locales o candidatos, cuyas acciones, se presume, chocaban con los intereses de grupos criminales que buscan controlar regiones enteras.
Con este panorama, Oaxaca se posiciona como el segundo estado con más casos de violencia política en el país, en medio de un ambiente tenso y cada vez más peligroso para quienes se dedican al servicio público.
