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Lo que empezó como un secuestro en una mina de oro en La Libertad, al noroccidente del Perú, terminó en una verdadera pesadilla. La empresa minera Poderosa confirmó que 13 trabajadores suyos, que habían sido plagiados a finales de abril, fueron hallados muertos dentro de un socavón, con evidentes señales de haber sido ejecutados fríamente.
Según la minera, este trágico hallazgo ocurrió en Pataz, una provincia que se ha convertido en zona roja por la presencia de mineros ilegales aliados con bandas criminales, quienes habrían tomado por la fuerza el lugar donde laboraban las víctimas.
La situación generó alarma nacional, ya que durante los días del secuestro, los captores exigían pagos a las familias a cambio de liberar a los mineros, según medios locales.
Pero el horror fue mayor cuando se conocieron los detalles del hallazgo: las víctimas estaban maniatadas, vendadas, desnudas y con un disparo en el cuello, reportó la radio peruana RPP. Todo indica que se trató de una ejecución brutal.
En el comunicado de la empresa, Poderosa expresó su dolor y solidaridad con las familias, y reveló una cifra escalofriante: ya van 39 trabajadores asesinados por estas mafias que tienen el control total de Pataz, una zona que describen como “sin ley”, donde reina la violencia y el miedo.
Las familias de los mineros reportaron que perdieron contacto con ellos el 27 de abril, justo cuando estaban trabajando en el mismo túnel donde más tarde fueron encontrados sin vida.
Ante esta grave situación, la gobernación de La Libertad ha solicitado con urgencia al gobierno nacional decretar el estado de sitio en Pataz, como una medida desesperada para intentar recuperar el control y frenar a los grupos delictivos que operan a sus anchas.
“Pedimos al Poder Ejecutivo que evalúe declarar el Estado de Sitio en Pataz como una medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar a estas redes criminales”, expresaron las autoridades regionales.
Ese mismo día, mientras la tragedia se confirmaba, la Policía Nacional de Perú rescató a 50 trabajadores de la minera Caraveli, quienes también habían sido secuestrados por criminales en la misma región.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha sido duramente criticada por su ausencia y por no hacer nada ante el crecimiento del crimen organizado en esta zona minera, que cada vez se siente más abandonada por el Estado.
