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El gobernador de Texas, Greg Abbott, rubricó el lunes una serie de leyes antiinmigrantes, incluyendo la SB4, catalogada como una de las más rigurosas en la historia estadounidense, que confiere a la policía la autoridad de detener y deportar a migrantes sin el debido proceso.
En el trasfondo de la construcción del muro en la frontera entre México y Brownsville (Texas), Abbott firmó un paquete de tres leyes aprobadas en sesiones extraordinarias de la Legislatura, en respuesta a lo que considera una política de “fronteras abiertas” por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Considerada como una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de EE. UU., la SB4 convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado. La reincidencia transforma la falta en un crimen grave, sancionable con hasta 20 años de prisión.
La ley faculta a la justicia estatal para ordenar la expulsión sin juicio. De manera controvertida, los oficiales de policía pueden arrestar a individuos sospechosos de ingresar ilegalmente al país, con la discreción de expulsarlos a México.
“El objetivo de esta ley es frenar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, afirmó el gobernador al firmar la legislación, destacando que durante el mandato de Biden, iniciado en enero de 2021, han cruzado la frontera más de ocho millones de migrantes.
Ante las preocupaciones de activistas sobre el perfil racial hacia inmigrantes residentes en el estado, Abbott aseguró que la aplicación de la ley se centrará en la frontera.
Esta medida se suma a otras implementadas en la Operación Estrella Solitaria de Abbott contra la inmigración irregular, que ha recibido 9.500 millones de dólares desde 2021, incluyendo la colocación de alambre de púas y una barrera de boyas en el fronterizo Río Grande.
Abbott también ratificó otros dos proyectos de ley, como la SB3, asignando 1.540 millones de dólares adicionales para la construcción del muro fronterizo y financiamiento de operaciones de seguridad, incluyendo la implementación de la SB4 por parte de los departamentos de policía.
Otra ley establece una pena mínima de 10 años por tráfico de migrantes.
El gobernador criticó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señalando que la frontera es bidireccional y que su gobierno podría haber detenido esto, calificando de “reprobable” la política de López Obrador al exponer a los migrantes a torturas, violaciones y la muerte.
A pesar del elevado costo de la política migratoria, estas medidas han permitido a Abbott, gobernador desde 2015, consolidar su poder al pasar por encima de objeciones demócratas, promover su agenda antiinmigrante a nivel nacional y desafiar al presidente Biden, a quien culpa de la inmigración ilegal por su supuesta política de “fronteras abiertas”.
Abbott enfrenta la posibilidad de que las nuevas leyes, especialmente la SB4, sean impugnadas por el Gobierno federal o grupos proinmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quienes han expresado su intención de llevar el caso a los tribunales. Las disposiciones podrían generar rechazo entre el considerable segmento de los aproximadamente 12 millones de hispanos en Texas, constituyendo el mayor grupo demográfico del estado.
