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El estado de Texas reafirmó su apoyo al plan de deportaciones masivas propuesto por Donald Trump, al ofrecer un terreno cercano a la frontera con México para facilitar las operaciones de procesamiento y detención de inmigrantes indocumentados. La propuesta fue realizada por Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, a través de una carta enviada el 14 de noviembre al presidente electo, destacando la disposición del estado para colaborar con el gobierno federal en estas acciones.
El terreno ofrecido, ubicado en el condado de Starr en el Valle del Río Grande, abarca 566 hectáreas de zona rural, con recursos limitados y un solo hospital cercano. A pesar de las limitaciones, Buckingham aseguró que el predio podría ser una base estratégica para llevar a cabo el ambicioso plan de deportaciones que Trump presentó como una de las prioridades de su agenda. Según la comisionada, este esfuerzo busca proteger a las familias estadounidenses al enfocarse en la expulsión de individuos catalogados como criminales violentos.
Aunque el equipo de Trump no ha confirmado oficialmente la aceptación de esta oferta, fuentes no oficiales sugieren que la propuesta está siendo evaluada. Buckingham subrayó su interés en apoyar al gobierno federal, reiterando que Texas seguirá buscando formas de colaborar si el terreno no resulta útil para este propósito.
El proyecto de Trump, que incluye declarar una emergencia nacional para movilizar recursos militares y utilizar herramientas extraordinarias, ha generado divisiones entre los estados. Mientras Texas respalda abiertamente estas medidas, estados como California, específicamente en Los Ángeles, han adoptado una postura contraria al declarar a la ciudad como santuario, prohibiendo la colaboración entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.
La polarización entre los estados refleja el impacto del plan de deportaciones, que podría afectar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. En Texas, además de ofrecer el terreno, se han planteado medidas adicionales como el uso de alambre de púas y mayor autoridad para las fuerzas policiales en la frontera, demostrando su alineación con las políticas republicanas.
La administración de Trump, con Tom Homan al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha prometido ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta resistencia en varias localidades, que buscan proteger a sus comunidades inmigrantes de medidas consideradas extremas por sus detractores.
