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La relación reciente entre Estados Unidos y México ha estado llena de altibajos, marcada por una complejidad creciente y numerosos obstáculos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, junto con su enfoque de “abrazos, no balazos” hacia las organizaciones delictivas, ha generado un fortalecimiento de estas últimas. Este empoderamiento ha llevado a México al centro de un debate público e internacional sobre el papel del Estado mexicano, poniendo en duda su capacidad de utilizar la fuerza de manera legítima y eficaz. Este desafío se presenta como uno de los principales retos para la próxima administración.
El argumento de que la ubicación geográfica estratégica y el rol de México como el primer socio comercial de Estados Unidos lo convierten en un destino atractivo para inversiones, no puede ser parte de la discusión pública sin considerar la realidad actual.
El paradigma de la Cuarta Transformación no ha proporcionado la certidumbre necesaria, algo que los mercados han reflejado en la reciente subasta de bonos a largo plazo del Banco de México y en el comportamiento del tipo de cambio. Este panorama se enmarca en los resultados electorales, la falta de contrapesos y una mayoría legislativa de Morena que parece seguir la agenda dictada por el presidente.
La volatilidad está presente y afecta la percepción pública, la cual, para el individuo, se convierte en su realidad. López Obrador ha intentado manejar esta percepción para administrar el caos y el desorden evidente en la coordinación e implementación de políticas públicas dentro de su gabinete, donde varios funcionarios se han visto envueltos en corrupción y tráfico de influencias. Los resultados son evidentes.
México enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. La actividad delictiva ha cruzado una línea crítica, afectando incluso la relación con su principal socio comercial. La utilización del “hard power” en temas como la exportación de aguacates y mangos demuestra la molestia de la administración estadounidense ante la impunidad delictiva en México. Estos productos agrícolas son símbolo de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Ante este panorama, hablar de nearshoring, de una política industrial y de ser un país atractivo para la inversión parece un desafío monumental. La necesidad de ofrecer certidumbre es enorme.
Los recientes nombramientos anunciados por Claudia Sheinbaum buscan enviar señales de moderación y tranquilidad al mercado, que se muestra nervioso por el “Plan C”, el déficit fiscal y la turbulencia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, así como por la revisión del T-MEC y sus consecuencias para la región.
La gran pregunta es si estos anuncios serán suficientes para calmar las aguas tanto en la esfera financiera como en la política.
