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En su intento por recuperar la presidencia, Donald Trump ha retomado su discurso antimigrante, planteando una estrategia de deportaciones masivas con el objetivo de revertir lo que califica como una “invasión” de migrantes que, según él, ha convertido a Estados Unidos en un “país ocupado”. Este plan no solo busca expulsar a los 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país, sino que pretende fortalecer el mensaje de seguridad pública, vinculando la reducción de migrantes con un supuesto aumento en la calidad de vida de la población estadounidense.
Durante su primera administración, Trump ya implementó políticas de deportación y redadas que dejaron huella en comunidades migrantes. La propuesta actual retoma esas acciones, pero con un enfoque más amplio: deportar en masa, incluso llamando a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para cumplir con esta iniciativa, sin que le importe el alto costo humano que ello conlleva. Niños separados de sus familias y hogares destruidos son algunos de los daños colaterales de un esquema que, para él, parece no tener mayor relevancia moral.
Además, el impacto de esta política no se limitaría a EE. UU., sino que extendería sus efectos negativos a los países de origen de los migrantes, en particular a naciones de América Latina. México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que ya lidian con vulnerabilidades sociales y económicas, recibirían una enorme cantidad de personas que han construido una vida en Estados Unidos. Estos retornos forzosos generan una carga considerable en infraestructura, empleo, y servicios de salud y educación, debilitando las estructuras ya frágiles de estos países.
Entre los efectos más inmediatos de esta política están el aumento del abandono escolar en EE. UU. y la disminución de las remesas, lo que agrava la precariedad en las comunidades migrantes y en sus lugares de origen. Los países receptores, al recibir grandes flujos de deportados, también enfrentan la inminente distorsión de sus mercados laborales, incapaces de absorber a tantos trabajadores en tan poco tiempo, lo cual podría derivar en tensiones sociales y económicas que desestabilicen la región.
Históricamente, estos procesos de deportación masiva han contribuido al fortalecimiento de redes delictivas en países centroamericanos. Ejemplos como el surgimiento de pandillas violentas, originadas en Los Ángeles y replicadas en el Triángulo del Norte, revelan que el aumento de retornados, especialmente jóvenes sin lazos en sus países de origen, facilita la expansión de la delincuencia organizada en zonas de alta vulnerabilidad.
El impacto de esta política sería costoso y perjudicial, no solo para EE. UU. sino para toda América Latina, que terminaría siendo una extensión de un enfoque migratorio poco sostenible y de corto alcance. La implementación de estas deportaciones masivas podría llevar a un colapso social en la región y agravar los problemas de seguridad en ambos lados de la frontera.
