amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
El presidente electo Donald Trump confirmó que planea declarar un estado de emergencia tras la crisis fronteriza con México y recurrirá a las fuerzas armadas para llevar a cabo las deportaciones masivas prometidas durante su campaña. Esta medida drástica ha generado una fuerte reacción tanto de sus seguidores como de sus detractores, especialmente por las implicaciones legales y humanitarias que supone.
Por más de un año, Stephen Miller, arquitecto de las políticas migratorias de Trump, ha trabajado en desarrollar un plan para que gobernadores republicanos desplieguen a la Guardia Nacional de sus estados. El objetivo es asistir en la captura, detención y eventual deportación de una parte significativa de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que viven en Estados Unidos. Miller, quien recientemente fue nombrado subjefe de gabinete para políticas, se ha convertido en un actor clave en esta estrategia.
Trump confirmó públicamente estos planes en respuesta a Tom Fitton, presidente de la organización conservadora Judicial Watch. Fitton había escrito que Trump empleará recursos militares para frenar lo que describió como una invasión migrante impulsada por el gobierno de Biden. Según Fitton, la declaración de emergencia nacional permitirá agilizar este ambicioso operativo de deportaciones masivas, una afirmación que Trump refrendó.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, adelantó que su estado implementará un proyecto piloto este mes para entregar a inmigrantes detenidos a las autoridades federales, demostrando su disposición a colaborar con la nueva administración. En sus declaraciones, Stitt mencionó que más de 500 personas encarceladas en Oklahoma son indocumentadas y representan una amenaza, por lo que espera expulsarlas del estado y del país, subrayando su entusiasmo por cooperar con Trump.
Sin embargo, la idea de usar una declaración de emergencia y movilizar a las fuerzas armadas ha sido calificada de inconstitucional por grupos defensores de los derechos migrantes como America’s Voice. Argumentan que no existe ninguna ley que permita al presidente utilizar a las fuerzas militares para hacer cumplir la legislación migratoria dentro de las fronteras. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles también se ha sumado a la batalla legal, presentando demandas para obtener más detalles sobre las deportaciones realizadas en los últimos años bajo el mandato de Joe Biden, con miras a enfrentar el nuevo plan.
Mientras tanto, figuras clave dentro del Partido Republicano reconocen la importancia de la mano de obra migrante para la economía. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó la necesidad de promover la inmigración legal y facilitar visas de trabajo. A pesar de las tensiones, el próximo zar fronterizo del gobierno de Trump, Thomas Hornan, aclaró que las deportaciones se centrarán inicialmente en aquellos inmigrantes con antecedentes penales.
Tom Fitton, quien ha sido una figura influyente en la estrategia de Trump, defendió la necesidad de esta medida extrema. Cuestionó a quienes critican la idea de declarar una emergencia migratoria, preguntando si realmente pueden negar que la situación en la frontera no es una crisis nacional. Esta postura ha encontrado eco en sectores conservadores que apoyan la aplicación de políticas migratorias más rígidas.
