En un movimiento que sacude las reglas del combate contra el narco, el presidente #DonaldTrump ordenó al #Pentágono activar al ejército para lanzarse directamente contra varios cárteles latinoamericanos, a los que su administración ya calificó como organizaciones terroristas extranjeras.

Aunque esta decisión se tomó de forma secreta, ya se están cocinando los planes sobre cómo actuarían las tropas. Con esta jugada, Trump rompe la tradición de que el combate al narcotráfico es tarea policial, y pone a los militares en primera línea del conflicto.
La idea es clara: detener como sea el flujo de drogas como el fentanilo, que tanto daño está causando. Pero este cambio drástico también abre un montón de dudas legales, sobre todo porque podría implicar que las tropas estadounidenses actúen en territorio extranjero sin aprobación del Congreso, lo que podría violar leyes nacionales e internacionales.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, la orden abre la puerta a operaciones directas por aire, mar y tierra contra los grupos criminales. Sin embargo, aún no se sabe si los asesores legales del Pentágono, la Casa Blanca o el Departamento de Estado ya dieron luz verde o están frenando la medida.

Este mismo año, Trump reforzó la frontera sur con tropas activas y de la Guardia Nacional, en un intento por frenar tanto la migración como la entrada de droga. Y desde enero, firmó órdenes para que los cárteles fueran tratados como terroristas, en especial organizaciones mexicanas y venezolanas.
En febrero, se etiquetó como terroristas a grupos como la MS-13 y el Tren de Aragua, afirmando que van más allá del crimen organizado común. Luego, el Cartel de los Soles, supuestamente dirigido por Nicolás Maduro, también fue añadido a la lista negra.
Y no sólo eso: el Departamento de Justicia anunció que duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de liderar una organización criminal que trafica droga hacia EE.UU. La fiscala general Pam Bondi aseguró que “tendrá que rendir cuentas” por lo que llamó “crímenes despreciables”.
Mientras tanto, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la medida diciendo que “la prioridad número uno del presidente es proteger la patria”, y por eso se tomó esta decisión “audaz”.
Pero expertos legales advierten que no hay base clara en la ley estadounidense para usar la fuerza militar así como así, aunque algunos creen que Trump podría justificarlo como defensa propia por la crisis del fentanilo.
Y aunque suena extremo, no es la primera vez que EE.UU. coquetea con acciones militares en América Latina. En 1989, George H. W. Bush mandó 20 mil soldados a Panamá para capturar a Manuel Noriega, una operación que fue condenada por la ONU como violación del derecho internacional.
También durante los 90, el ejército ayudó a detectar vuelos sospechosos en Colombia y Perú, aunque eso terminó cuando esos países empezaron a derribar aviones civiles y la administración de Bill Clinton se echó para atrás por temor a consecuencias legales.
Por otra parte, la Marina estadounidense ha participado por años en intercepciones de barcos con droga en aguas internacionales, aunque siempre bajo el mando de la Guardia Costera, para no violar la famosa Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar al ejército como si fueran policías.
Lo nuevo con Trump es que quiere que los soldados actúen de frente y sin intermediarios, incluso capturando o eliminando a presuntos miembros de cárteles si fuera necesario. Aunque esto podría violar normas de combate y hasta leyes contra el asesinato, como explicó Brian Finucane, experto en leyes de guerra.

Una posible alternativa sería capturar a los sospechosos y entregarlos al Departamento de Justicia, pero eso también genera dudas, como qué tanto puede el ejército retener prisioneros sin un conflicto armado declarado por el Congreso.
Mientras tanto, Trump también pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dejara entrar al ejército estadounidense para pelear contra los cárteles en su país. Ella se negó de inmediato.
Y si hablamos de operaciones encubiertas, la CIA también ha metido mano, intensificando los vuelos de drones sobre México para ubicar laboratorios de fentanilo. Esta operación comenzó bajo el mandato de Joe Biden, pero Trump la amplificó con el apoyo del director de la CIA, John Ratcliffe.
Eso sí, la CIA no tiene autorización para atacar, sólo recolecta datos y los comparte con las autoridades mexicanas. Por su parte, el Comando Norte del ejército ha hecho más de 300 vuelos de vigilancia en la frontera sur usando aviones como el U-2 o el RC-135.
La idea de tratar a los cárteles como si fueran Al Qaeda ha calado hondo en el discurso republicano. De hecho, durante la campaña de 2024, Trump prometió mandar fuerzas especiales para “declarar la guerra” a estas organizaciones.
Pero, como advirtió el contralmirante retirado James E. McPherson, eso sería una violación grave del derecho internacional si se hace en otro país sin permiso.
Por ahora, la gran prueba será legal: si los nuevos abogados del Pentágono y el Departamento de Justicia permiten que esta estrategia siga adelante, podríamos estar ante una transformación radical en la forma en que EE.UU. combate al narcotráfico internacional.
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