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La ofensiva de deportación masiva de Donald Trump se ha extendido a varias agencias federales, que se han convertido en piezas clave para ejecutar políticas más agresivas contra los inmigrantes indocumentados, afectando incluso a aquellos que, bajo el mandato de Joe Biden, consiguieron un estatus legal temporal.
En un giro preocupante, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ahora comparte datos de contribuyentes indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que pone en peligro la seguridad de miles de inmigrantes que honestamente pagan impuestos. ¡Todo esto sin previo aviso!
Más de 6,000 inmigrantes vivos fueron declarados erróneamente como muertos por la Seguridad Social, lo que les invalida el número de Seguro Social y les niega acceso a servicios bancarios o la posibilidad de trabajar. Este movimiento busca forzar su salida del país.
¿El propósito? Crear miedo y hacer que los inmigrantes se vayan por su cuenta. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y arquitecto de estas políticas, coordina directamente con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para implementar este plan.
Aunque las deportaciones están en marcha, algunos funcionarios se sienten frustrados por la lentitud del proceso, el cual aún no alcanza las cifras de deportaciones bajo la administración de Biden, según un análisis de CNN.
🔎 ¿Cómo están participando las agencias federales? Aquí te contamos.
Información compartida entre agencias
El acuerdo entre el IRS y ICE para compartir los datos fiscales de los inmigrantes es un cambio radical en las políticas de privacidad. Esta medida ha causado gran confusión en la comunidad inmigrante, que teme las consecuencias graves de ser identificados como indocumentados.
El abogado Neil Weinrib comentó que ha recibido cientos de correos electrónicos de clientes asustados, preguntándose si el IRS realmente compartirá toda su información con el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo entre Scott Bessent (secretario del Tesoro) y Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) permite que ICE tenga acceso a los nombres y direcciones de los inmigrantes sospechosos de violar las leyes de inmigración, y se asegura que el IRS verifique su exactitud.
Cancelación de Seguro Social: ¿una movida cruel?
El gobierno de Trump ha eliminado los números de Seguro Social de más de 6,000 inmigrantes vivos, dejándolos sin derechos laborales y afectando su capacidad para acceder a servicios básicos. Esto está apuntando especialmente a aquellos que llegaron bajo los programas de Biden, como los más de 900,000 inmigrantes que usaron la aplicación CBP One.
Nuevas restricciones en hipotecas
A partir de mayo, algunos inmigrantes perderán el acceso a préstamos hipotecarios de la Administración Federal de Vivienda (FHA), afectando a DACA y a aquellos en espera de asilo o estatus de refugiado. La medida fue anunciada por Scott Turner, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien aseguró que las hipotecas deben beneficiar a los estadounidenses, no a quienes “entran ilegalmente al país”.
Guardia Nacional y más fuerzas contra migrantes
Desde enero, se le ha dado autoridad al FBI, DEA, y otras agencias del Departamento de Justicia para arrestar a inmigrantes indocumentados. Texas ha desplegado a la Guardia Nacional para realizar arrestos, incluso cerca de escuelas e iglesias, lugares antes considerados “sensibles”.
La política de Trump se basa en su promesa de “deportación masiva”, con un énfasis especial en la colaboración con gobiernos de América Central. Tras una polémica gira, Trump logró un acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para recibir deportados de cualquier nacionalidad, lo que sigue causando controversia en la Corte Suprema.
Despidos en el Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia también ha tomado un papel activo, despidiendo a abogados clave en tribunales de inmigración y amenazando a funcionarios locales que se opongan a sus políticas. Uno de los casos más recientes involucró el despido de Erez Reuveni, quien fue acusado de sabotear un caso de deportación errónea.
