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El presidente electo, Donald Trump, ha puesto en la mira al Departamento de Educación, prometiendo eliminarlo por completo. Durante su campaña, criticó reiteradamente a esta institución, considerándola un símbolo del exceso de intervención federal en la vida de las familias de Estados Unidos.
“Siempre lo digo, me muero por hacer esto. Al final, acabaremos con el Departamento de Educación federal”, afirmó en septiembre, en un mitin en Wisconsin. Trump insistió en que planea “drenar el pantano” del sistema educativo y detener el uso de fondos públicos para “adoctrinar” a la juventud con temas que, según él, la mayoría de los estadounidenses rechaza.
El Departamento de Educación se estableció en 1979, cuando el presidente Jimmy Carter, demócrata, firmó una ley para elevar la agencia al nivel de gabinete, cumpliendo así una promesa hecha a la Asociación Nacional de Educación, uno de los sindicatos de docentes más grandes del país. Antes de esto, la administración de programas educativos recaía en otras agencias.
Si bien Trump no ha dado detalles de cómo planea cerrar el departamento –proceso que requeriría de una ley del Congreso– ni qué pasaría con los programas financiados federalmente, plantea dudas sobre el futuro de los mismos.
¿Qué funciones tiene el Departamento de Educación?
Uno de sus principales roles es gestionar los fondos federales para escuelas y programas educativos. Entre ellos se encuentran el Título I, que apoya a estudiantes de bajos recursos, y el programa IDEA, destinado a ayudar a niños con discapacidades. Estos fondos, que suman cerca de $28,000 millones anuales para escuelas de nivel básico y secundario, representan alrededor del 10% del presupuesto educativo total, ya que el resto proviene de impuestos locales y estatales. Además, el departamento administra aproximadamente $30,000 millones en becas Pell para estudiantes universitarios de bajos ingresos y la gigantesca cartera de préstamos estudiantiles de $1.6 billones.
Además de manejar fondos, la agencia desempeña tareas de supervisión y regulación, incluyendo la creación de normativas federales. Su Oficina de Derechos Civiles, por ejemplo, investiga denuncias de discriminación en escuelas y universidades, cuya frecuencia se incrementó tras eventos como el ataque de Hamas en Israel en octubre pasado. También, bajo la administración de Biden, se ha enfocado en reforzar protecciones para estudiantes transgénero y trabajar en la normativa para la condonación de préstamos estudiantiles.
¿Qué implicaría cerrar el Departamento de Educación?
Cerrar el departamento no necesariamente eliminaría el financiamiento federal para la educación. Programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos y con discapacidades existen desde antes de la creación del departamento, y podrían pasar a ser administrados por otras agencias. De hecho, el Congreso ha resistido intentos anteriores de recortar el presupuesto del departamento, incrementándolo en el 71% de los casos en respuesta a propuestas presidenciales de recortes, según un análisis de Brookings Institution.
Cabe recordar que en el primer mandato de Trump, su administración propuso fusionar los departamentos de Educación y Trabajo, sin éxito a pesar del control republicano del Congreso en ese momento. Incluso si los republicanos logran controlar ambas cámaras, no está claro si habrá suficiente apoyo para disolver el Departamento de Educación esta vez.
