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El 24 de junio de 2024, Carlos Loret de Mola denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra él, su esposa y Víctor Trujillo, conocido como Brozo. Esta acción surgió después de la publicación de una serie de reportajes llamada El Clan, que expone contratos millonarios adjudicados a amigos de los hijos del presidente López Obrador. Loret calificó la investigación como un intento del gobierno de acallar a Latinus y a los periodistas críticos de la administración, destacando el uso de instituciones del Estado para represalias.
La periodista Peniley Ramírez reveló que la UIF ya había abierto una investigación en 2022, y el 8 de febrero de 2024, se giraron oficios a entidades financieras para recabar información sobre Loret y Trujillo. Además, el 5 de junio, la UIF ordenó investigar a dos empresas asociadas con Latinus, Latinus Media Radio y Latinus Media MX.
Loret expresó en sus redes sociales que esta persecución es una represalia por documentar casos de corrupción en el gobierno actual. Señaló que en lugar de investigar sus propios escándalos, el gobierno utiliza las instituciones para vengarse de los periodistas.
El contexto de esta investigación ha generado críticas sobre el uso de herramientas del Estado para silenciar a medios independientes y periodistas, resaltando la necesidad de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
