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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha dirigido una solicitud a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, instándola a ejercer su facultad de atracción y resolver prioritariamente los juicios de amparo relacionados con la utilización de 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a los damnificados de Acapulco, Guerrero.
La Consejería argumenta que los jueces, al estar involucrados en la promoción de los juicios de amparo, carecen de imparcialidad para resolver estos asuntos. La SCJN, según la petición, debería intervenir debido a la excepcionalidad y trascendencia de los intereses económicos de jueces y magistrados del Poder Judicial, en contraposición con el interés público de utilizar los recursos en la atención a la población afectada.
El comunicado de la Consejería señala que el juez décimo segundo de Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió de manera rápida e inusual una suspensión definitiva que impide indefinidamente la disposición de los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco. Esto contraviene la orden de la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
A su vez, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una suspensión con efectos generales, beneficiando a todos los jueces y magistrados, sin importar si promovieron o no juicios de amparo, lo cual ha sido considerado como una medida que excede los límites esperados para una suspensión.
La Consejería del Ejecutivo destaca la necesidad de que la SCJN resuelva estos asuntos de manera pronta debido a la importancia del destino de los recursos y su impacto en la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.
