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Después de haber pasado dos días sola en el desierto de Arizona, una mujer guatemalteca embarazada fue detenida por agentes migratorios de Estados Unidos. Erika, como la identificaron sus abogados, dio a luz poco después en un hospital, pero eso no evitó que quedara en la mira de una deportación que aún sigue en proceso.
Todo comenzó cuando cruzó la frontera desde México por una zona desértica cercana a Tres Bellotas Ranch, al suroeste de Tucson. Con ocho meses de embarazo, Erika caminó hasta que fue interceptada por elementos de la Patrulla Fronteriza. Dos días después, ya en el Centro Médico de Tucson, dio a luz bajo custodia de agentes federales, quienes permanecieron apostados afuera de su habitación. 😓
El abogado Luis Campos, que lleva su caso, denunció que no pudo comunicarse con ella durante días y que incluso le negaron la entrada al hospital, algo que considera una violación al derecho a un abogado, garantizado por la Quinta Enmienda. Además, explicó que no se le permitió firmar el formulario G-28, esencial para informar oficialmente a migración de su representación legal.
En un inicio, Erika iba a ser deportada de forma inmediata bajo el esquema de “remoción acelerada”, pero la presión de la comunidad local cambió el rumbo del caso. El viernes se le entregó una Notificación de Comparecencia, lo que le da derecho a presentarse ante un juez de inmigración. Ahora, ella y su bebé están libres en Phoenix, mientras siguen en espera de la siguiente audiencia.
El portavoz de la CBP defendió la actuación de los agentes, asegurando que “se siguieron todos los protocolos legales” y que Erika no tenía derecho a abogado antes de recibir la notificación. También detalló que la menor permanece junto a su madre, bajo custodia del ICE desde el sábado por la mañana.
Por su parte, la oficina de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, confirmó que está dando seguimiento al caso y que, aunque respalda la seguridad en la frontera, rechaza totalmente las prácticas migratorias inhumanas. “La gobernadora está comprometida con la defensa de los derechos constitucionales y la seguridad de todas las comunidades”, señaló su equipo en un comunicado.
El abogado Campos enfatizó que la situación se tornó tan grave por la falta de humanidad desde el principio. Su clienta pide asilo en Estados Unidos porque teme regresar a Guatemala, donde sufrió violencia y no encontró protección de las autoridades. El siguiente paso en su proceso legal será una entrevista de “temor creíble”, donde podrá presentar pruebas, testigos y su testimonio.
Aunque funcionarios dijeron que Erika “eligió” llevarse a su bebé de vuelta a Guatemala en caso de deportación, Campos refutó esto afirmando que no fue una decisión libre, ya que ella no tiene familia ni apoyo en EE.UU. Además, señaló que regresar con su hija sería poner en riesgo a una recién nacida ciudadana estadounidense, pues estarían volviendo a un entorno de violencia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que se toman muy en serio la protección de los menores, y que los padres pueden decidir si se van con sus hijos o los dejan bajo custodia de una persona designada. Sin embargo, el escenario que enfrentan estas familias sigue siendo preocupante, especialmente cuando los niños, como en este caso, son ciudadanos estadounidenses.
