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La jornada electoral del 2 de junio de 2024 en México estuvo marcada por una serie de incidentes violentos que afectaron la integridad del proceso. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un hombre incendió una urna electoral, y en Jiquipilco, un tiroteo dejó un muerto y un herido. Además, en Izamal, Yucatán, se reportaron grupos de choque cerca de las casillas, generando caos y miedo entre los votantes.
En Puebla, la violencia cobró la vida de dos personas durante la elección, subrayando la gravedad de la situación. La seguridad fue un tema crítico en Ensenada, Baja California, donde individuos armados robaron boletas electorales, sembrando dudas sobre la transparencia de los resultados. Estos actos violentos no solo pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también socavaron la confianza en el proceso democrático.
Los enfrentamientos no se limitaron a los ciudadanos comunes. Hubo altercados entre los candidatos, quienes se vieron involucrados en jaloneos y confrontaciones directas, evidenciando un ambiente de tensión y hostilidad. Esta situación refleja un profundo problema de seguridad y organización en el sistema electoral mexicano.
La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha sido fuertemente criticada. La ciudadanía exige medidas más estrictas para garantizar elecciones seguras y transparentes. La administración del presidente AMLO ha sido cuestionada por su incapacidad para prever y mitigar estos incidentes, lo que ha generado un clima de descontento y desconfianza.
Estos eventos violentos han dejado una marca negativa en las elecciones de 2024, resaltando la necesidad urgente de reformas en la seguridad electoral. Sin una intervención adecuada, la democracia en México corre el riesgo de verse seriamente comprometida en el futuro.
