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Un desalojo con violencia ocurrido en la calle Palenque Sur 35, en la colonia Narvarte Poniente, ha generado indignación y protestas por parte de los afectados y la comunidad local. Once personas que residían en el inmueble denunciaron que fueron desalojadas de manera agresiva y que sus pertenencias de valor fueron robadas durante el proceso.
Según relatos de testigos, un actuario, acompañado de policías y civiles, irrumpió en el inmueble alrededor de las 7:30 de la mañana. Forzaron cerraduras, derribaron puertas y ordenaron a los residentes abandonar el lugar de manera inmediata, sin presentar una notificación judicial válida.
Los afectados, entre ellos Lupita Carranco y su esposo Jorge Occelli, manifestaron que el individuo al que supuestamente iba dirigido el desalojo, Alberto Maldonado Puente, no residía en el lugar. Afirmaron tener un amparo vigente que les otorga protección legal, pero sus reclamos fueron ignorados.
Lupita Carranco explicó que la propiedad pertenece a su esposo y su cuñado, y que han vivido allí durante más de 50 años. Contrataron un abogado para resolver el conflicto legal con Maldonado Puente, quien anteriormente había sido amigo de la familia.
Durante el desalojo, los afectados denunciaron que algunas de sus pertenencias fueron robadas, mientras que otras quedaron esparcidas en la banqueta y el arroyo vehicular. La situación dejó a tres familias sin hogar, ya que en la propiedad residían también la hija y la nieta de Lupita.
La comunidad local se pronunció en contra del desalojo, calificándolo como ilegal y producto de la acción del “cártel inmobiliario”. Christian Gallegos Vega, presidente de La Piedad Ahuhuetlan, solicitó la intervención del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, para abordar el caso.
Vecinos de otras colonias también expresaron su solidaridad con los afectados y exigieron a las autoridades que tomen medidas para proteger a los residentes de desalojos ilegales y violentos perpetrados por grupos inmobiliarios. La Fiscalía General de Justicia fue instada a investigar y tomar acciones contra los responsables.
