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Arturo Zaldívar, actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, respondió con dureza a las críticas de Olga Sánchez Cordero sobre la reforma a la Ley de Amparo, cuestionando su postura y recordándole que, si realmente estaba en desacuerdo, pudo haber votado en contra en lugar de abstenerse. La disputa exhibe una nueva fractura dentro de Morena, donde incluso figuras con pasado en la Suprema Corte muestran desacuerdos sobre las reformas impulsadas por el oficialismo.
Zaldívar defendió que los cambios aprobados no restringen el llamado interés legítimo y sostuvo que tanto organizaciones civiles como pueblos originarios seguirán teniendo derecho a promover juicios de amparo. Afirmó que el texto fue modificado en el Senado para evitar interpretaciones ambiguas, insistiendo en que la redacción actual solo define con mayor precisión los elementos esenciales del concepto.
Las declaraciones de Sánchez Cordero, ministra en retiro y diputada por Morena, generaron incomodidad dentro de su partido. Durante las discusiones en comisiones, advirtió que definir el interés legítimo dentro de la ley era un error, ya que esa valoración corresponde a los jueces en cada caso. Su advertencia fue ignorada por la mayoría morenista, que aprobó la reforma sin cambios de fondo.
El enfrentamiento refleja tensiones internas sobre el control del Poder Judicial, un tema que ha sido duramente criticado por la oposición y por analistas que ven en las reformas de Morena un intento de limitar la autonomía judicial. Fitch Ratings advirtió recientemente que la nueva Ley de Amparo podría desalentar la inversión al reducir la certidumbre jurídica en México, sumándose así a las voces que alertan sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
La reforma, aprobada la madrugada del 15 de octubre, incluye además un polémico artículo transitorio que permitiría aplicar retroactivamente ciertos criterios, generando preocupación en sectores empresariales y jurídicos. Ahora, la iniciativa pasará al Senado para su ratificación antes de que entre en vigor, en medio de un ambiente de creciente confrontación política y cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial frente al poder del Ejecutivo.
