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LO ESENCIAL
Veinticinco estados de Estados Unidos han presentado una demanda colectiva contra el gobierno de Donald Trump por sus recientes aranceles comerciales, considerándolos un intento de reemplazar aquellos que la Corte Suprema anuló en febrero. Washington aplicó aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, argumentando que no habían contribuido suficientemente a detener las importaciones de productos fabricados con trabajo forzoso.
Estos aranceles entraron en vigor en el momento en que venían a expirar los aranceles temporales que Trump había implementado tras la derrota en la Corte Suprema. La administración busca incrementar ilegalmente los impuestos a familias y empresas con esta nueva ronda de aranceles, según la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
CONTEXTO
Los estados que se unen a la demanda incluyen Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Trump argumenta que los altos aranceles reactivarán la industria manufacturera estadounidense. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles a casi todos los países, alegando que el déficit comercial de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que dicha ley no autorizaba aranceles.
EN PERSPECTIVA
Como consecuencia, el gobierno federal tuvo que reembolsar a los importadores que pagaron dichos aranceles. Trump recurrió a aranceles temporales del 10 por ciento para compensar los ingresos perdidos, pero estos expiraron el 24 de julio. Ahora se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles más duraderos.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que afectan el comercio de Estados Unidos. La demanda de los estados se suma a otras dos presentadas en julio por pequeñas empresas, que también cuestionan los aranceles de la Sección 301.
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