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La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió revocar la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León, argumentando que no cumplía con los requisitos de elegibilidad tras la solicitud de licencia de Samuel García por seis meses. La determinación también resalta que corresponde al Congreso de Nuevo León nombrar al gobernador interino, respetando las leyes locales y generando consensos internos.
Esta decisión se suma a la suspensión previamente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del nombramiento de Salinas. El Congreso local había aprobado la licencia de Samuel García para competir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, pero la designación de Salinas como su sucesor enfrentó controversias legales.
La magistrada Janine Otálora destacó la prohibición para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ocupar cargos en el gobierno de la entidad, haciendo a Salinas inelegible. Se enfatizó en la importancia de salvaguardar la autonomía e independencia del Poder Judicial, evitando que sus miembros encabecen roles en el Poder Ejecutivo.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en la inelegibilidad de Salinas, argumentando que el Congreso al nombrarlo desconoció el principio fundamental de la división de poderes. Además, se planteó la necesidad de considerar propuestas de todos los grupos parlamentarios, incluyendo la oposición, al hacer un nuevo nombramiento.
La resolución destaca la importancia de mantener la estabilidad en el gobierno de la entidad, considerando las implicaciones temporales de las licencias otorgadas. La revocación de la designación de Salinas como gobernador interino en Nuevo León marca un episodio significativo en la dinámica política y judicial de la entidad.
